
El juez Gorini determinó que los condenados deberán devolver $684.990.350.139,86, tal como sostuvieron los peritos de la Corte e intimó a que se pague la cifra en los próximos 10 días hábiles.
El diputado provincial, Sergio Cisneros, se expresó de una forma crítica en el recinto y solicitó que la Provincia intervenga para solucionar todos estos problemas
Política08/06/2021El diputado provincial por Cafayate, Sergio Cisneros, se mostró preocupado por la situación que atraviesa el personal del hospital de Cafayate, donde aseguró que “hay maltratos” y que por eso “hay una persona internada por estrés laboral”. En este marco, Cisneros pidió que el ministro de Salud, Juan José Esteban, “no tape las cosas malas que allí suceden”.
“Quiero homenajear a todo el personal de Salud, en especial de al personal de Salud de Cafayate. También a aquellos que se enfermaron cumpliendo esta tarea de cuidar al prójimo”, indicó y señaló el caso de una mujer: Graciela Guantay. Al respecto, el legislador le llamó la atención al Gobierno provincial para que ayuden a costear los tratamientos, “porque muchos de ellos son caros”.
Por otro lado, Cisneros marcó que es necesario, en tiempos de pandemia, que el personal de Salud trabaje con predisposición y voluntad “pero lamentablemente hablé con el ministro Esteban por los maltratos que sufren mis compañeros por distintos profesionales en el hospital de Cafayate”.
“Por favor ministro, le pido que solucione el tema en Cafayete y deje de tapar las cosas malas”, disparó. Luego subrayó que al hospital modular que montaron en el lugar “le falta la conexión de gas medicinal, como así también más enfermeros y profesionales”.
El juez Gorini determinó que los condenados deberán devolver $684.990.350.139,86, tal como sostuvieron los peritos de la Corte e intimó a que se pague la cifra en los próximos 10 días hábiles.
Los apuntados son los tuiteros Gordo Dan, Fran Fijap y El Trumpista, entre otros. El escrito pide investigar sin reciben “algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.
La Sala IV dictó una “sentencia definitiva” y suspendió la aplicación del DNU del presidente Javier Milei que limitó el derecho de huelga y amplió las actividades consideradas esenciales.
El exjuez de la Corte apuntó contra el Presidente por su lenguaje “chabacano”, su escaso respeto institucional y su influencia sobre el Poder Judicial.
El presidente de la SRA agradeció el gesto del Gobierno al recibir a la Mesa de Enlace pero advirtió que las condiciones actuales dificultan la actividad agropecuaria.
Guillermo Francos apuntó contra los gobernadores y ratificó que Milei no permitirá avances que comprometan el ajuste. Las iniciativas tienen media sanción y afectan el reparto del ICL y los ATN.
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Ya hay entre 70.000 y 140.000 deportaciones en solo seis meses, pero el plan va más allá: busca quitar la ciudadanía a naturalizados con antecedentes y revocar la residencia a quienes tengan Green Card si cometieron delitos.
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