El plan tenía varios pasos. El primero era contactar a personas en situación vulnerable, con problemas económicos, para ofrecerle un plan social del Estado nacional. Antes de entregárselo les decían que tenían que trabajar para su gremio vendiendo rifas, cocinando y yendo a actos políticos. Si cumplían, recibían el subsidio. Pero todos los meses debían entregar $1.000 de lo que cobraban y en algunos casos el total. Si no lo hacían, los amenazaban con cortarles el beneficio.

Algunas víctimas se animaron a denunciarlo y el caso llegó a la Justicia Federal, que avanzó con una investigación que concluyó a principio de este mes. Tres gremialistas de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores (ATRES) de Salta fueron condenados a penas de prisión en suspenso y a devolver 700 mil pesos: 489 mil para las víctimas y 211 mil para un puesto sanitario de la localidad de Rosario de Lerma.

Los condenados fueron Cándido Ernesto Ojeda, secretario general de ATRES y de la Federación de Trabajadores Agrarios y asesor en el Senado de la Nación; su pareja y secretaria administrativa de ATRES, Carolina Gabriela Reartes, y Valeria Soledad Calizaya, sobrina de Reartes e integrante del gremio. Los tres reconocieron su responsabilidad en los hechos en un juicio abreviado en el que acordaron la pena y la devolución del dinero.

La sede de ATRES se encuentra en Rosario de Lerma, donde mucha gente se acercaba a pedir ayuda. Allí los acusados, les ofrecían obtener el plan social “Salario Social Complementario” que dá el Ministerio de Desarrollo de la Nación y bolsones de comida.

Se trata de un beneficio social que no requiere ninguna contraprestación ni intermediarios. Pero para obtenerlo antes debían trabajar para el gremio. “Los acusados obligaban a los beneficiarios de los planes sociales a realizar diferentes trabajos -cuando el propio Estado no lo hace- en provecho de la asociación (venta de rifas, empanadas, bollos, participación en marchas políticas, atender la sede, realizar campañas de afiliación, etc.)”, explicó la fiscal federal de Salta Paula Gallo en su acusación a la que accedió Infobae. Si lo hacían, ATRES tramitaba el beneficio.

Así quedó demostrado en la prueba que la Justicia obtuvo en los allanamientos a la sede del gremio y en los domicilios de los condenados. Se secuestraron celulares donde constan conversaciones de Whatsapp y cuadernos con anotaciones. También del testimonio de las personas que se animaron a declarar.

Los tres imputados se negaron a declarar cuando fueron indagados. La causa avanzó a juicio oral y para evitarlo Reartes, Ojeda y Calizaya reconocieron su responsabilidad. Así, en un juicio abreviado ante la jueza federal de Mariela Giménez Salta acordaron una pena.

Reartes fue condenada a tres años de prisión, Ojeda a dos y Calizaya a uno. En los tres casos la pena es en suspenso por lo que no irán a prisión. También acordaron devolver $700.000; $489.000 serán repartidos entre las víctimas de la estafa de Rosario de Lerma y los restantes $211.000 tendrán como destino un puesto sanitario de la ciudad para que compren los equipos e insumos que requieran.

La Justicia comenzó la semana pasada a devolverle a las víctimas el dinero que le sacaron.

Fuente: Infobae