Entre la pandemia y las elecciones de renovación legislativa hay hechos institucionales que no pueden pasar desapercibidos.
Opinión12/05/2021
Uno de ellos es la integración de la Auditoria General de la provincia, que es el organismo de control público externo, cuya trascendencia se mide por el nivel de corrupción en el manejo de las cuentas del Gobierno. Dos de sus cinco miembros pueden ser nombrados este jueves por el Senado.
Se trata de cuestiones que suelen pasar desapercibidas. El ciudadano común no sigue con precisión cómo actúa el sistema de instituciones que integran el tejido funcional del Estado; si lo hace correctamente, disfrutará los beneficios y, como suele suceder, sus errores son perjuicios que padece cotidianamente.
La administración estatal está sometida a un sistema de control de la hacienda pública integral e integrado. Ello ha sido determinado con la reforma constitucional de 1998 y fue reglamentado por la ley 7103. Se integra por la Sindicatura y la Auditoría General de la Provincia y se suma al que ejerce políticamente la Legislatura.
En el caso de la Auditoria es la que ejerce el control externo posterior y auditoría de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa de todos los organismos centralizados, además de los descentralizados cualquiera fuese su modalidad de organización, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos y entes privados adjudicatarios de servicios privatizados, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. Sus facultades son amplias y todo el ámbito de control queda abierto a su tarea.
Por ello no es insignificante ni intrascendente la designación de sus miembros, que la propia Constitución ha determinado que son tres o cinco, que deben portar título universitario en Abogacía, Ciencias Económicas u otros graduados con especialización en administración financiera, control y auditoría. También ha fijado que son seleccionados por una Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y por lo menos dos de los Auditores deben ser propuestos por la oposición política. La designación para un mandato de cinco años con posibilidades de reelección la realiza la Cámara de Senadores en sesión pública previa audiencia con la participación de interesados, que también tienen la opción de objetar o apoyar las postulaciones por escrito. Entrar al Colegio de Auditores no pareciera tener mayores exigencias que no sea la idoneidad para cargar tamaña responsabilidad que se le asigna, que pone sobre sus espaldas el cuidado del fisco.
Las disposiciones de la ley reglamentaria y las normativas de ambas cámaras no dejan resquicios para descuidar el control a partir de un equilibrio de poderes y sectores políticos. Sin embargo, los resultados dejan dudas sobre la efectividad del sistema. Hay una crisis superior en materia de control, planteó la oposición en la sesión del martes de Diputados, en línea con cuestionamientos que se reconocen desde el oficialismo del Senado.
El paradigma del control de la hacienda pública concebido en la reforma de 1998 era que sea un organismo eminentemente técnico. El mensaje del Gobernador para la reforma que viene apunta a una composición mayoritaria indicada por la oposición.
Los nombramientos que se producirían mañana en el Senado no van por ninguno de esos dos caminos.
Salta, 12 de mayo de 2021
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