La Reforma de la Constitución de la Provincia, la reunión de tres exgobernadores y el actual, la inscripción de frentes electorales y la pelea sorda por los lugares en las listas en el camino al 4 de julio, son algunos de los temas centrales que nos ocupan hoy.
Opinión06/05/2021 Natalia Nieto
El debate sobre la mejor calidad institucional es atrapante, pero sólo tendrá sentido si en la vida real, ese perfeccionamiento se refleja en el fin último de la política, el del bien común. Hoy, no pasa.
La verdad de Perogrullo es que a la crisis económico social acentuada durante los últimos años, la agravó la pandemia. A esa realidad, la confirma el fuerte crecimiento de la informalidad, porque más de dos millones de personas se inscribieron en el registro de la economía popular en el país. Salta no queda afuera de la radiografía nacional. Surge de un informe presentado por el Ministerio de Desarrollo Social y que precisa que la mayoría de las inscriptas, son mujeres. Además, casi el 60% realiza sus tareas en comedores comunitarios a cargo de los movimientos sociales.
“En este informe van a entrar en un mundo negro. Nuestro principal objetivo es darle luz y blanquearlo y este registro es un inicio para eso. Cuatro millones quinientos mil trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días”. La frase, que habla sobre la cantidad de personas que trabajan en la informalidad, es de Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. El funcionario, además, es uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita e integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La definición del dirigente social esta expresada en el último informe del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) que de manera online se inscribieron, solo entre el mes de julio de 2020 y febrero de 2021, un total de 2.093.850 personas que se ganan la vida trabajando al margen de la formalidad.
Antes del inicio de la pandemia del coronavirus 4,5 millones de trabajadores formaban parte del mundo de la economía popular. Pero el efecto COVID-19 hizo que otras dos millones de personas cayeran en la informalidad elevando el número de quienes trabajan en negro a más de seis millones.
Hoy, la economía popular reúne al 30% de la Población Económicamente Activa y el cooperativismo y el mutualismo producen el 10% del PBI, según el oficialismo nacional.
Del informe surge que casi el 36% de los inscriptos residen en la provincia de Buenos Aires. Le siguen las provincias de Chaco (5,6%), Tucumán (5,5 %) y Salta (5,2%). Es que nuestra provincia siempre lidera los rankings del trabajo en negro, con casi la mitad de la población trabajadora en esas condiciones.
El informe también revela que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cumplen sus tareas en la informalidad son mujeres (57,1%) “porcentaje sensiblemente superior al observado entre los/as asalariados/as privados/as registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) donde las mujeres representan el 33% de ese sector”.
En cuanto a las ocupaciones, se destaca la preponderancia de desarrollar sus tareas en “comedores y merenderos (60,2%) lo cual guarda relación con la coyuntura actual de emergencia social, alimentaria y sanitaria.
Ese porcentaje tiene el sustento desde las propias estadísticas oficiales. Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), hasta diciembre del año pasado se preinscribieron 12.056 “espacios sociales”. Una forma delicada de llamar a comedores y merenderos, donde cada vez se ve a familias que supieron ser parte de la dinamitada clase media.
En relación a la edad, los inscriptos en el registro de la Economía Popular son de una población joven, ya que los que tienen hasta 29 años representan el 50,6% del total. En cuanto al nivel educativo alcanzado, más de la mitad no completó los estudios obligatorios. Es que apenas el 28,7% terminó la enseñanza secundaria y el 28,2% dejaron antes de completarlo. En Salta, el ministro de Educación, Matías Cánepa, insiste en que la mitad de estudiantes de secundaria, deserta. Es más grave que en otros distritos. Además, en el total del país, el 10,5% de los inscriptos no termino la escuela primaria. La obvia consecuencia es que aun existiendo ofertas laborales, queden relegados y muchas veces excluidos de la formalidad y deban desempeñarse en el trabajo informal donde no reciben beneficios sociales futuros, como jubilación, o tienen una obra social dónde ir a atenderse.
Esta fuerza laboral, que llega al 30% de los trabajadores del país, es mayoritariamente joven . El 30,2% tienen entre 18 y 24 años; mientras que en la economía privada ese porcentaje es de menos del 7%.
En relación a la situación fiscal, sólo el 5,2% de quienes se inscribieron en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular están inscriptos de manera individual en alguna categoría tributaria y el 4,65% son monotributistas sociales. Es decir, el circuito de aportes laborales y de la recaudación de los Estados, se ve afectado gravemente.
El informe también destaca que sólo el 23% percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22 % forma parte del programa Potenciar Trabajo.
Se supone que este registro “se constituye como el primer paso hacia la formalización de trabajadores y trabajadoras del país que viven a partir del trabajo que realizan, pero, al estar por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, no son reconocidos y reconocidas como tales y, por lo tanto, ven vulnerados sus derechos sociales, laborales y productivos”.
En breve conclusión y solo pasando en limpio datos de esta radiografía, hay pobreza, falta trabajo y el que hay, es en negro. Las mujeres y los jóvenes, son los más perjudicados. Se abandona la escuela y no se generan fuentes genuinas de trabajo. Tampoco hay aportes de ley.
Por eso razón, si el Estado viene a fortalecer a quienes generan su propio trabajo y los ayuda a dar un salto de escala, acompañando en el proceso de formalización y seguridad social y brindando acceso a crédito, máquinas y herramientas, se dará un paso enorme. Y si la discutida mejora de la calidad institucional, se transforma luego en oportunidades para la población más golpeada, la ciudadanía estará más cerca de un debate que hoy, la mayoría solo ve como una pelea por espacios de poder.
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
El pasado 9 de julio se venció la irresponsable delegación de facultades que el Congreso de la Nación le concedió al Poder Ejecutivo Nacional a través de la llamada ley Bases.
Con mucha incertidumbre cierra una de las semanas de mayor intensidad política de este año electoral. El entramado de relaciones entre el gobierno nacional y los provinciales y entre distintos sectores políticos con representación parlamentaria, ha comenzado a renovarse por necesidad más que por convicción.
El arranque de la segunda mitad del año muestra una situación inestable, en la que sobresale la tensión entre el gobierno nacional y las Provincias y la creciente conflictividad social. En ese marco debe inscribirse la convocatoria a un plenario de la CGT Regional Salta.
La Patria libre volvió a cumplir años. Vengo de la querida vecina provincia de Tucumán, donde —como desde tiempos inmemorables— se volvió a vivir la emocionante liturgia de una de las fechas más simbólicas del calendario nacional.
A 209 años de un acto que definió la existencia de la Nación Argentina, se toma el peso de un proceso que no ha concluido. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de la corona española y se renunció a cualquier forma de dominación extranjera. Fue el primer paso.
Trabajadores del Hospital Militar convocan a una movilización este lunes 14. Al menos 100 empleados se quedarán sin trabajo y miles de jubilados sin atención médica.
El grupo musical emitió un comunicado oficial sobre el trágico accidente que sufrieron y confirmó la muerte de uno de sus integrantes.
La exsubsecretaria de Energía, Cecilia Garibotti, alertó que el Gobierno eliminó hasta el precio de referencia y afirmó que el consumidor "no puede defenderse".
Vecinos informaron que el foco ígneo registrado en barrio Pereyra Rozas ya fue controlado.
El sector energético mira con preocupación los pronósticos de una segunda ola polar. Las empresas reclaman coordinación y un “plan B” ante posibles fallas de producción.