La Reforma de la Constitución de la Provincia, la reunión de tres exgobernadores y el actual, la inscripción de frentes electorales y la pelea sorda por los lugares en las listas en el camino al 4 de julio, son algunos de los temas centrales que nos ocupan hoy.
Opinión06/05/2021 Natalia Nieto
El debate sobre la mejor calidad institucional es atrapante, pero sólo tendrá sentido si en la vida real, ese perfeccionamiento se refleja en el fin último de la política, el del bien común. Hoy, no pasa.
La verdad de Perogrullo es que a la crisis económico social acentuada durante los últimos años, la agravó la pandemia. A esa realidad, la confirma el fuerte crecimiento de la informalidad, porque más de dos millones de personas se inscribieron en el registro de la economía popular en el país. Salta no queda afuera de la radiografía nacional. Surge de un informe presentado por el Ministerio de Desarrollo Social y que precisa que la mayoría de las inscriptas, son mujeres. Además, casi el 60% realiza sus tareas en comedores comunitarios a cargo de los movimientos sociales.
“En este informe van a entrar en un mundo negro. Nuestro principal objetivo es darle luz y blanquearlo y este registro es un inicio para eso. Cuatro millones quinientos mil trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días”. La frase, que habla sobre la cantidad de personas que trabajan en la informalidad, es de Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. El funcionario, además, es uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita e integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La definición del dirigente social esta expresada en el último informe del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) que de manera online se inscribieron, solo entre el mes de julio de 2020 y febrero de 2021, un total de 2.093.850 personas que se ganan la vida trabajando al margen de la formalidad.
Antes del inicio de la pandemia del coronavirus 4,5 millones de trabajadores formaban parte del mundo de la economía popular. Pero el efecto COVID-19 hizo que otras dos millones de personas cayeran en la informalidad elevando el número de quienes trabajan en negro a más de seis millones.
Hoy, la economía popular reúne al 30% de la Población Económicamente Activa y el cooperativismo y el mutualismo producen el 10% del PBI, según el oficialismo nacional.
Del informe surge que casi el 36% de los inscriptos residen en la provincia de Buenos Aires. Le siguen las provincias de Chaco (5,6%), Tucumán (5,5 %) y Salta (5,2%). Es que nuestra provincia siempre lidera los rankings del trabajo en negro, con casi la mitad de la población trabajadora en esas condiciones.
El informe también revela que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cumplen sus tareas en la informalidad son mujeres (57,1%) “porcentaje sensiblemente superior al observado entre los/as asalariados/as privados/as registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) donde las mujeres representan el 33% de ese sector”.
En cuanto a las ocupaciones, se destaca la preponderancia de desarrollar sus tareas en “comedores y merenderos (60,2%) lo cual guarda relación con la coyuntura actual de emergencia social, alimentaria y sanitaria.
Ese porcentaje tiene el sustento desde las propias estadísticas oficiales. Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), hasta diciembre del año pasado se preinscribieron 12.056 “espacios sociales”. Una forma delicada de llamar a comedores y merenderos, donde cada vez se ve a familias que supieron ser parte de la dinamitada clase media.
En relación a la edad, los inscriptos en el registro de la Economía Popular son de una población joven, ya que los que tienen hasta 29 años representan el 50,6% del total. En cuanto al nivel educativo alcanzado, más de la mitad no completó los estudios obligatorios. Es que apenas el 28,7% terminó la enseñanza secundaria y el 28,2% dejaron antes de completarlo. En Salta, el ministro de Educación, Matías Cánepa, insiste en que la mitad de estudiantes de secundaria, deserta. Es más grave que en otros distritos. Además, en el total del país, el 10,5% de los inscriptos no termino la escuela primaria. La obvia consecuencia es que aun existiendo ofertas laborales, queden relegados y muchas veces excluidos de la formalidad y deban desempeñarse en el trabajo informal donde no reciben beneficios sociales futuros, como jubilación, o tienen una obra social dónde ir a atenderse.
Esta fuerza laboral, que llega al 30% de los trabajadores del país, es mayoritariamente joven . El 30,2% tienen entre 18 y 24 años; mientras que en la economía privada ese porcentaje es de menos del 7%.
En relación a la situación fiscal, sólo el 5,2% de quienes se inscribieron en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular están inscriptos de manera individual en alguna categoría tributaria y el 4,65% son monotributistas sociales. Es decir, el circuito de aportes laborales y de la recaudación de los Estados, se ve afectado gravemente.
El informe también destaca que sólo el 23% percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22 % forma parte del programa Potenciar Trabajo.
Se supone que este registro “se constituye como el primer paso hacia la formalización de trabajadores y trabajadoras del país que viven a partir del trabajo que realizan, pero, al estar por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, no son reconocidos y reconocidas como tales y, por lo tanto, ven vulnerados sus derechos sociales, laborales y productivos”.
En breve conclusión y solo pasando en limpio datos de esta radiografía, hay pobreza, falta trabajo y el que hay, es en negro. Las mujeres y los jóvenes, son los más perjudicados. Se abandona la escuela y no se generan fuentes genuinas de trabajo. Tampoco hay aportes de ley.
Por eso razón, si el Estado viene a fortalecer a quienes generan su propio trabajo y los ayuda a dar un salto de escala, acompañando en el proceso de formalización y seguridad social y brindando acceso a crédito, máquinas y herramientas, se dará un paso enorme. Y si la discutida mejora de la calidad institucional, se transforma luego en oportunidades para la población más golpeada, la ciudadanía estará más cerca de un debate que hoy, la mayoría solo ve como una pelea por espacios de poder.
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