
La suspensión de la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación no sólo impactó en la conducción del INDEC.


Elecciones y pandemia monopolizan la atención de quienes tienen las más altas responsabilidades de gobierno y de conducción social desde distintos sectores en la Provincia. Definiciones en torno de fecha de comicios y precisiones respecto de la vacunación, en tanto es tratada como el muro de contención que el comportamiento social no impone, son temas excluyentes de la agenda pública.
Opinión12/04/2021
La primera cuestión es monitoreada por el círculo más cercano al Gobernador de la Provincia, quien tiene la facultad de cambiar la fecha prevista para el 4 de julio. Las elecciones presidenciales en Perú y Ecuador realizadas este domingo seguramente son datos que se tendrán en cuenta, especialmente teniendo en cuenta que la pandemia -que asuela a ambas naciones como al resto del mundo- no interrumpió sendos procesos institucionales de envergadura.
En el caso de la segunda ola del coronavirus, la situación se va complicando. Al igual que en la primera, el AMBA advierte al interior del país lo que viene. Es cierto que la situación no es la misma y los gobernantes se encargaron de marcar las diferencias. En Salta se señaló que para enfrentarla se tiene en cuenta que la actividad económica en recuperación y las escuelas abiertas constituyen un marco que tratará de preservarse.
También ha irrumpido un nuevo elemento: la posibilidad que provincias y privados puedan comprar vacunas. Lo dijo Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, ajustándose a lo que establece la Ley 27.573, de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, que fuera sancionada en octubre de 2020. Al imponer que tanto las vacunas como los descartables que se importan para asegurar la vacunación contra el coronavirus no pagan derechos de importación ni ningún otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, incluido el impuesto al valor agregado, esta norma estableció que el mismo beneficio alcanza a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los adquieran.
En cuatro días, la ignota disposición de una ley cuyo debate fue intenso y polémico, no sirvió más que para complicar un panorama por sí complejo. Cuatro provincias anunciaron que van a encarar negociaciones para incrementar el stock de vacunas disponibles y fortalecer su autonomía en orden a los operativos de inmunización.
Varias son las razones por la que Salta no figura entre esas cuatro. El trámite no es muy sencillo para llevar al terreno la autorización legal. Sería un trámite para el caso de las dos vacunas registradas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; esto es, Pfizer y Astrazeneca/Oxford, que ya están inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales. Ambas se pueden comprar en tanto haya quien las quieran vender. No ocurriría lo mismo con Sputnik V y Sinopharm autorizadas para uso de emergencia por el Ministerio de Salud de la Nación. Se requiere tramitar una autorizar de la cartera para encarar la compra.
Pero hay algo más por fuera de la letra de la ley porque en declaraciones públicas, el ministro provincial del ramo dijo que no alcanzó la diligencia puesta por el gobernador Sáenz y su ministro de Economía, porque la Nación les informó que la importación está cerrada y la provisión es solo posible para aquellos estados que pagaron las vacunas hasta diciembre próximo.
Comprar o no comprar vacunas no es la cuestión en este caso. Es reconocer que los casos de contagios crecen, especialmente en Capital y que el sistema sanitario tiene una capacidad de contención limitada. Se sigue demandando responsabilidad social, para no lamentar nefastas consecuencias.
Salta, 12 de abril de 2021

La suspensión de la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación no sólo impactó en la conducción del INDEC.

Febrero avanza con decisiones normativas muy relevantes, aunque no todas tuvieron repercusión masiva. Una de ellas es la reglamentación del derecho de acceso a la información pública, cuestión trascendente para facilitar la participación social en la gestión pública, como un recurso para asegurar su transparencia.

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