Escenario

Opinion 22 de febrero de 2021
La Provincia se encamina esta semana a tener la ley de declaración de la necesidad de la reforma constitucional. La marea oficialista en la Cámara de Diputados asegura la sanción, luego que el jueves pasado lo hiciera por unanimidad el Senado.
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Un rápido repaso de los temas que tienen ocupada a la ciudadanía no ubica la cuestión al tope de sus prioridades; es probable que la mayoría ni la registre. Sin dudas que el inicio del período lectivo, que operará el próximo lunes, es una preocupación dominante por muchas razones. Ya desde este lunes es casi excluyente porque los docentes se reintegran a sus actividades y volcarán sobre el terreno las disposiciones contenidas en los protocolos elaborados por las autoridades educativas y sanitarias. 

Parte de ese colectivo, de indudable peso social, no ha expresado su acuerdo con las clases presenciales y tiene sus demandas insatisfechas en otras materias laborales. Por estas horas y a la luz de lo resuelto en una reciente asamblea, el ánimo se muestra más proclive a no hacer nada de lo que se espera de ellos. Tras el cierre de las escuelas durante 2020 -decisión de la que no tomaron parte- para este período lectivo intentarán que les resuelvan sus reclamos con medidas de fuerza, como antes de la pandemia.

Un planteo sindical no será el único problema que deberá enfrentar el Gobierno. La crisis económica ha hecho mella en los presupuestos familiares y el sistema educativo de gestión estatal deberá afrontar una demanda de matrícula superior a otros años. Los padres que mudaron sus hijos de los colegios privados deben tener una adecuada respuesta para ellos.

A propósito de prioridades pueden sumarse muchas otras, como los incrementos tarifarios que se vienen disponiendo sin que haya ajustes salariales que los contengan y mucho menos que se registre la creación de fuentes de trabajo. Hasta la ayuda social ingresó en una zona gris con escasa precisiones sobre sus características.

Un Estado provincial con escasa capacidad financiera y virtualmente sin autonomía para tomar decisiones no es un problema menor para una población con una fuerte dependencia de las respuestas que puede dar el gobierno. El arreglo de la deuda pública es solo un desplazamiento de obligaciones, trasladando al próximo las obligaciones que la actual gestión no puede cumplir. El arreglo tiene su costo y no se asumió  el compromiso de controlar gastos para dejar, al menos, las cuentas en orden.

De allí que someter a los ciudadanos a la tarea de analizar una cuestión que entienden los especialistas y que le importa a la dirigencia que es partícipe activa de la puja por llegar a funciones electivas, es un exceso. La discusión, acotada por la urgencia de llegar con los plazos electorales a la integración de una Convención Constituyente, está en manos de los legisladores. De ellos depende realizar un objetivo del gobernador Gustavo Sáenz, que poco ha podido hacer hasta el momento para definir políticas a favor del bienestar general.

En un marco de una emergencia sanitaria sin precedentes, discutir la duración de mandatos es inoportuna, en el mejor de los casos. Y ser excluido del debate también es de gravedad. 

Ese es el escenario de la reforma constitucional cuya necesidad se declarará este miércoles. 

Salta, 22 de febrero de 2021

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