No hay un panorama certero y previsible en materia económica y financiera para la Municipalidad de Salta. No es una situación particular sino que se trata de una proyección de la que afecta también a la Nación y la Provincia. A esta altura del año, estrenándose el presupuesto aprobado en diciembre pasado, no se descarta que algunas de las obras previstas no lleguen a realizarse.
Opinión22/01/2021
Según el secretario de Hacienda, Daniel Amador, no está previsto tomar deuda. La opción es conseguir nuevos convenios con Nación, como el que se logró sobre el cierre del año anterior, que habilitó recursos con los que se financian las obras en marcha. Al gobierno de Alberto Fernández se le sumó otro demandante que no es insignificante; se trata del sexto municipio más grande del país que tiene, a no dudar, necesidades de la misma envergadura.
Cabe destacar que las provincias tienen una fuerte dependencia de la remisión de fondos desde la Nación. Salta recibió en 2020 casi 90 mil millones de pesos de transferencias del gobierno central, monto que significó un incremento del 40 % respecto de lo recibido en 2019. Considerando la población salteña, que alcanza casi un millón y medio de personas, el ingreso per cápita fue de un poco más de 6 mil 200 pesos.
Pese al volumen de estas cifras, esta provincia no está al tope de la dependencia; al menos no en la región del Norte Grande. El promedio histórico del período 2010-2019 de las 10 provincias alcanza casi el 83% del total de los recursos tributarios de estos distritos, con picos como el caso de Formosa, con 10 puntos por encima de esa media, y pisos como Tucumán, con 72%. Salta también está por debajo del promedio.
Las transferencias son automáticas o no; las primeras varían en función de la recaudación nacional, ya que son impuestos como Ganancias, IVA, Bienes Personales, entre otros. También existen algunos conceptos que no varían según recaudación sino que se trata de montos fijos asignados por ley.
Las transferencias del Estado nacional giradas de manera no automática, son las llamadas discrecionales. Se dan a partir de partidas presupuestarias o por convenios de asistencia firmado entre la Nación y las provincias y son el modo de observar con criterio económico los mayores o menores niveles de apoyo político a las gestiones provinciales.
El año pasado, las provincias que conforman el Norte Grande Argentino recibieron un 23% del total repartido a las jurisdicciones argentinas, con un monto que representa un alza de casi el 110% respecto al 2019. Ese dato no es alentador; al contrario, resulta muy preocupante porque muestra la pérdida de autonomía, una profunda herida al federalismo. Tucumán se llevó la mayor parte de las transferencias no automáticas, con un total de 15 mil millones de pesos, seguido por La Rioja y el Chaco, con un poco más de 2 mil millones. La Provincia no llegó a los 8 mil millones.
El 2021 será un año bastante difícil, ajustado a variables impredecibles, como la situación sanitaria, una inflación y un dólar que duplicarán lo estimado para elaborar el presupuesto. Es lo que advirtió el responsable de la hacienda comunal.
Hay conciencia que las administraciones deberán ser cuidadosas en la asignación de recursos y del gasto. En especial, no deberán caer en la tentación de financiar un triunfo electoral, otra variable impredecible.
Salta, 22 de enero de 2021
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.