Noventa años después del primer golpe de Estado en la Argentina y a casi cuarenta del ejercicio democrático sin interrupciones, no se ha logrado un sistema político fuerte, respaldado en un marco legal también sólido. Cada grupo de poder circunstancial, produce reformas que no necesariamente –y así está demostrado- corrigen defectos del sistema; en realidad, solo buscan fortalecer su permanencia en el poder. 

Los resultados de estas maniobras fueron explicados por uno de los referentes de ese modelo político, brazo ejecutor de una de las reformas constitucionales más vergonzosa que padeció la Provincia. El senador nacional y ex gobernador Juan Carlos Romero, que accedió al poder político a través del Justicialismo, está advirtiendo un final adelantado para un gobierno nacional del que es opositor aunque tiene similar raíz partidaria. 

En la última sesión del Senado cuestionó los propósitos de manipular la Justicia y de perpetuarse en el poder del espacio político que porta el apellido de un clan que ya impuso dos presidentes y prepara al tercero, facilitado por la deformación que sufre la democracia en el país. Se advierte que su propio grupo político es una réplica dado que lidera un clan familiar que desde hace más de medio siglo domina la política local, primero desde el principal diario y luego desde el gobierno mismo.

Veterano en los avatares de la política argentina, aludió a un final anticipado de la gestión del Frente de Todos, porque en este país ni lo bueno ni lo malo dura mucho tiempo. “Ni las dictaduras militares duraron; muchos gobiernos democráticos se tuvieron que ir antes por no poder terminar el mandato desde la restauración de la democracia hasta ahora”, subrayó. Su experiencia, que lo coloca en la fila de los que operan buscando la perpetuidad, fundamenta su crítica a medidas que apuntan a reconstruir la deteriorada imagen de la política, que en los últimas cuatro décadas no ha dado solución a los problemas nacionales. Y hasta ha destacado la principal falencia: no haber encontrado caminos de común acuerdo.

Precisamente, la puja por espacios de poder -sin referencias a idearios o doctrinas que permitan identificar pertenencia a corrientes de pensamiento- es lo que está emergiendo en este tiempo de realineamientos que abandonan lealtades anteriores. Y esa puja abandona a un gobierno que gestiona emergencias como única propuesta para dar soluciones a las urgencias. Junto a la sanitaria que está al tope de las prioridades, se siguen sosteniendo las que se arrastran desde largo  como la económica, que en estos días debe ampliarse; la socio-sanitaria del norte; la social por violencia de género; la de la cultura, en trámite parlamentario y la agropecuaria, requeridos por pequeños y medianos productores de Rivadavia. La emergencia de la educación ya es una demanda nacional, que quizás también deba tener la propia versión provincial.

La política no está dando soluciones y sobre eso debe reflexionar una dirigencia que no está dando señales de asumir esa responsabilidad. 

Salta, 09 de octubre de 2020