Presión

Opinion 11 de septiembre de 2020
Diecinueve gobernadores justicialistas o de raíz peronistas como Gustavo Sáenz apoyaron al presidente Alberto Fernández por la decisión de quitar un punto de la coparticipación federal que percibía la Ciudad de Buenos Aires para entregárselo a la Provincia de Buenos Aires. Lo hicieron a través de un documento en el que manifiestan la necesidad de “empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado”.
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Mandatarios de distritos como Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, con severos problemas de desarrollo y con índices de atrasos en muchos indicadores sociales, suscribieron un documento titulado Reducir desigualdades para una Argentina Federal, con el fin de sostener a un presidente que tiene un complicado frente de gestión política.  Y ellos representan a provincias que no pueden enfrentar con sus recursos ningún planteo de orden salarial.

“Entendemos que este es un paso importante para retomar el debate en torno a la coparticipación para recuperar el espíritu que establece nuestra Constitución”, es el objetivo detrás del que se parapetan estos gobernadores fuertemente dependientes de los giros que hace el Gobierno central. Al menos el titular del Ejecutivo salteño no responde a un mandato popular, si se tiene en cuenta que en las elecciones que consagraron el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández no estuvo alineado con esa boleta.

Tampoco hay indicios que se existe la voluntad de discutir la distribución de la coparticipación, que la Constitución Nacional reformada en 1994 mandó a modificar hasta 1996. Tal mandato constitucional no se ha cumplido e incluso al presente, semejante ley convenio no ha sido aún sancionada y nada hace presagiar que pudiera serlo en un futuro próximo, advierte el investigador Víctor Bazan, en un minucioso análisis  sobre el Federalismo Argentino. La reforma de la última década del siglo XX precisamente apuntaba a un fortalecimiento del federalismo, que tiene en la coparticipación un eje vertebral. Pero el propósito constituyente en pro de robustecer las estructuras provinciales, empíricamente no ha acaecido.

Es que hay una falla en ese recurso. Alberto Dalla Via, doctor en Derecho Constitucional, destaca que “la coparticipación federal es una de las instituciones que más han contribuido a acentuar la dependencia de las provincias al poder central y que nació como una patología ante la insuficiencia de nuestro sistema fiscal de atribución de competencias”. Lamentablemente se ha tornado en una herramienta que ha incrementado la subordinación financiera y económica de la mayoría de las provincias a la Nación.

Mucho ha contribuido la emergencia económico-social declarada en diciembre pasado y la pandemia que obligó a un aislamiento que reconfiguró la relación financiera entre ambos niveles de gobierno. Sin presupuesto para este año, se ha instrumentado el Programa para la Emergencia Financiera Provincial, que mantiene en segundo plano que, la distribución discrecional de recursos a través de dicho programa, significa una pérdida acumulada para las provincias de unos 185 mil millones de pesos, equivalentes a un 0.7% del PBI.

Hay que señalar que en los primeros 8 meses del año, la Provincia de Salta perdió más del 6% de lo que le correspondía recibir por coparticipación pero las asignaciones de recursos por Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, crecieron hasta agosto último un 47% respecto de igual período de 2019, según consigna la consultora Aerarium. Un guatismo muy lejano a los 628% por encima que obtuvo la provincia de Buenos Aires.

No hay muchas razones que justifiquen el pronunciamiento de un grupo de provincias, más allá de su pertenencia a una rama política de la que se cuelgan varios gobiernos. O peor aún,  que en realidad se trate de una repuesta a la presión que ejerce quién tiene el látigo y la chequera.

Salta, 11 de setiembre de 2020

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