Tensión

Opinion 23 de julio de 2020
La incipiente reactivación económica, generada en la flexibilización de la cuarentena, está generando otras demandas para morigerar los desajustes producidos por la emergencia sanitaria, en cuyo marco se dispusieron congelamientos de precios. Un sector vertebral es el de la energía y en el caso de las empresas eléctricas están requiriendo condiciones para permitir inversiones que aseguren la normal prestación del servicio.
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Un complejo panorama expuso la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, una potente entidad de la que forman parte prestadoras que entregan el 98 % del total de la electricidad que se consume en el país. En ella concurren 47 distribuidoras de origen público, privado y cooperativo, que en conjunto operan 450 mil kilómetros de redes.

Los contratos a través de los cuales prestan sus servicios han sido alterados y los marcos regulatorios se cumplen parcialmente. La última decisión respecto de su fuente de ingresos se conoció a poco de vencer la emergencia declarada a través de la ley de solidaridad, cuando se dispuso mantener congelada la tarifa hasta fin de año y se extendiera de tres a seis facturas consecutivas o alternas impagas la prohibición de corte del servicio.

El perjuicio es significativo si se tiene en cuenta que pese a tratarse de una economía inflacionaria no hay aumentos desde 2019, en el mejor de los casos. Ello ha ocurrido en Salta, cuando por Resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos se aprobó una actualización del 19,8 por ciento en dos cuotas a pagar en las facturas correspondientes a mayo y junio del año pasado. 

La conformación y el manejo de la tarifa son complejos. La concesión contempla que las tarifas a las que se ofrece el servicio de energía deben ser justas y razonables, permitiéndole a la prestadora obtener ingresos suficientes para cubrir los costos operativos, las amortizaciones y una razonable tasa de rentabilidad. Están sometidas a revisiones integrales a través de audiencias públicas cada cinco años y una actualización anual para absorber el impacto de la inflación sobre los costos de la distribución. Este último análisis debía realizarse en mayo último para determinar si el indicador testigo en los pasados doce meses arrojó alguna variación del VAD, el Valor Agregado de Distribución. Se trata de una porción equivalente al 30% del importe total de las facturas que reciben las distribuidoras para operar, mantener y ampliar las redes.

Las obligaciones de la prestación no se redujeron pese a que con la cuarentena, la tasa de cobrabilidad se derrumbó casi un 70%, según denunció la Asociación que nuclea a las distribuidoras. Las empresas tuvieron que asistir a muchos de sus usuarios, obligadas a otorgar planes de financiación, postergar de los cortes por falta de pago e inclusive reducir los contratos de potencia a los grandes usuarios afectados por el aislamiento.

La descripción de un panorama que va tornándose insostenible es la preparación del escenario para requerir del Estado condiciones que incentiven inversiones para sostener la prestación en niveles de calidad. Los subsidios, en constante crecimiento, se direccionan al sistema a través de Cammesa, que es su administradora y viene soportando el atraso en que están incurriendo las distribuidoras en el pago de la energía que le compran.

El camino de la adecuación de las tarifas no podrá transitarse hasta diciembre y a la vista no hay indicaciones sobre alternativas que concilien intereses contrapuestos.

Salta, 23 de julio de 2020

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