La incipiente reactivación económica, generada en la flexibilización de la cuarentena, está generando otras demandas para morigerar los desajustes producidos por la emergencia sanitaria, en cuyo marco se dispusieron congelamientos de precios. Un sector vertebral es el de la energía y en el caso de las empresas eléctricas están requiriendo condiciones para permitir inversiones que aseguren la normal prestación del servicio.
Opinión23/07/2020
Un complejo panorama expuso la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, una potente entidad de la que forman parte prestadoras que entregan el 98 % del total de la electricidad que se consume en el país. En ella concurren 47 distribuidoras de origen público, privado y cooperativo, que en conjunto operan 450 mil kilómetros de redes.
Los contratos a través de los cuales prestan sus servicios han sido alterados y los marcos regulatorios se cumplen parcialmente. La última decisión respecto de su fuente de ingresos se conoció a poco de vencer la emergencia declarada a través de la ley de solidaridad, cuando se dispuso mantener congelada la tarifa hasta fin de año y se extendiera de tres a seis facturas consecutivas o alternas impagas la prohibición de corte del servicio.
El perjuicio es significativo si se tiene en cuenta que pese a tratarse de una economía inflacionaria no hay aumentos desde 2019, en el mejor de los casos. Ello ha ocurrido en Salta, cuando por Resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos se aprobó una actualización del 19,8 por ciento en dos cuotas a pagar en las facturas correspondientes a mayo y junio del año pasado.
La conformación y el manejo de la tarifa son complejos. La concesión contempla que las tarifas a las que se ofrece el servicio de energía deben ser justas y razonables, permitiéndole a la prestadora obtener ingresos suficientes para cubrir los costos operativos, las amortizaciones y una razonable tasa de rentabilidad. Están sometidas a revisiones integrales a través de audiencias públicas cada cinco años y una actualización anual para absorber el impacto de la inflación sobre los costos de la distribución. Este último análisis debía realizarse en mayo último para determinar si el indicador testigo en los pasados doce meses arrojó alguna variación del VAD, el Valor Agregado de Distribución. Se trata de una porción equivalente al 30% del importe total de las facturas que reciben las distribuidoras para operar, mantener y ampliar las redes.
Las obligaciones de la prestación no se redujeron pese a que con la cuarentena, la tasa de cobrabilidad se derrumbó casi un 70%, según denunció la Asociación que nuclea a las distribuidoras. Las empresas tuvieron que asistir a muchos de sus usuarios, obligadas a otorgar planes de financiación, postergar de los cortes por falta de pago e inclusive reducir los contratos de potencia a los grandes usuarios afectados por el aislamiento.
La descripción de un panorama que va tornándose insostenible es la preparación del escenario para requerir del Estado condiciones que incentiven inversiones para sostener la prestación en niveles de calidad. Los subsidios, en constante crecimiento, se direccionan al sistema a través de Cammesa, que es su administradora y viene soportando el atraso en que están incurriendo las distribuidoras en el pago de la energía que le compran.
El camino de la adecuación de las tarifas no podrá transitarse hasta diciembre y a la vista no hay indicaciones sobre alternativas que concilien intereses contrapuestos.
Salta, 23 de julio de 2020
A poco de haberse cerrado, la temporada comercial alta que representan las celebraciones del fin de año dejó solamente la sostenida convicción empresaria de que pudo haber sido peor. La última -la de la visita de los Reyes Magos- mostró descarnadamente que los presupuestos domésticos están muy ajustados en materia de ingresos y su manejo exige cautela para no agravar una situación que tiene muchos flancos negativos, como el excesivo endeudamiento.
Tiene fecha el segundo tramo de sesiones extraordinarias del Congreso. Abarcará todo el mes de febrero y se incluirá un paquete de proyectos de prioritario interés del Ejecutivo Nacional, que ha motivado una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores.
La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en la madrugada del pasado sábado fue el tema que atravesó la atención pública mundial. Sorprendió su ejecución en orden a que hubo un extenso acoso previo contra el país sudamericano y porque la intervención militar se limitó -por ahora- a sacar del país al mandatario y su esposa, sin dar precisiones sobre cómo sigue el proceso.
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Comenzó a funcionar la rueda de los cambios que, en algunas áreas, se llaman de segunda generación. Son más profundos y exigen un debate a fondo, que se trata de eludir. Propuestos desde el gobierno nacional tienen fuerte impacto en las provincias. Así abrió el 2026.
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Con un desafío técnico a base de mollejas, Sofi Martínez se despidió del certamen entre elogios del jurado y abrazos de sus compañeros.
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