
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
El Ejecutivo Municipal informó que en estos días estará remitiendo al Concejo Deliberante, los pliegos para la licitación del servicio integral de residuos urbanos, que lleva adelante Agrotécnica Fueguina. En mi opinión, no existe información suficiente atento que no hubo un proceso abierto y participativo, conforme lo disponen las Constituciones Nacional y Provincial, así como con los principios de desarrollo sostenible.
Opinión03/07/2020 Sonia Margarita EscuderoEl sistema de manejo de los residuos urbanos debe tener como objetivo la reducción de los enviados a disposición final, esto significa una transformación de la cultura actual de eliminación de desechos, hacia otra cultura que evite la generación de residuos mediante prácticas de producción y de consumo sostenible y que estimule el aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables. Obviamente el avance hacia un cambio cultural excede el ámbito municipal, compromete tanto al sector provincial, al municipal, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, en tanto la gestión de los residuos tiene impacto en la salud humana, en la calidad de vida, en el medio ambiente y en la conservación de los recursos naturales.
Saludo la decisión anticipada de modificar la forma de recolección para permitir la separación de materiales reciclables, lo que está en línea con el principio de reducir, reutilizar y reciclar, y solamente enviar a disposición final lo que no sea posible minimizar. Para que ello sea sustentable, el Estado debe organizar, estimular y acompañar las iniciativas privadas de reutilización y reciclaje.
La actual operación de disposición final de los residuos en el vertedero San Javier, se encuentra públicamente cuestionada. Esto consta en acciones judiciales y en investigaciones científicas y periodísticas. Se ha denunciado que el mal manejo genera afectación a la salud de la población de los barrios cercanos al vertedero, así como contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Específicamente se llama la atención sobre la contaminación de suelo y aguas subterráneas y superficiales que llegan al río Arenales, con metales pesados provenientes de pilas, baterías y residuos industriales dispuestos de manera inadecuada.
Un informe del Dr. Lucas Seghezo del año 2015 detectó que la Municipalidad no realizaba el control ni la evaluación técnica sobre los resultados de los análisis. Identificó el ingreso de residuos peligrosos provenientes de establecimientos industriales, sin un tratamiento especial. Constató que no había captación adecuada de los líquidos que se infiltran o se acumulan en el relleno, generando un alto riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
Los daños que estas irregularidades provocan, han sido comprobados en algunos trabajos de investigación en la UNSA, así como en artículos periodísticos, especialmente sobre el impacto en la salud de la población circundante específicamente en los barrios Solidaridad, Primera Junta, Justicia, Sanidad I, Sanidad II y La Paz.
Las investigaciones periodísticas dan cuenta de la denuncia de madres del Barrio Primera Junta sobre los problemas dérmicos que sufren sus hijos. Afirman que la basura desintegrada del vertedero llega con el viento, que los chicos tienen sarpullido y granos en la cabeza, los pies y los brazos, que no se puede respirar por el olor. Vecinos del Barrio Justicia denuncian que el polvo de las calles está contaminado, que provoca hongos y deficiencias respiratorias, todo por la situación del basural.
La acción de amparo colectivo en trámite ante la justicia provincial demanda a la Municipalidad, a la Empresa, así como a la Provincia por su competencia en materia ambiental e hídrica. Reitero que este es un tema que excede el ámbito de la Municipalidad de Salta, en tanto el daño ambiental afecta a la salud de la población y contamina más allá del límite del éjido urbano. Por ejemplo, la contaminación de las aguas superficiales alrededor del vertedero, afecta el río Arenales que tributa al dique Cabra Corral.
Esto me lleva a proponer la creación de un ente de control en el que participen la Municipalidad, la Secretaría Provincial de Medio Ambiente, la Secretaría de Recursos Hídricos, las universidades, así como representantes de organizaciones no gubernamentales comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
La situación es tan grave que, si no se contraponen nuevas acciones para remediar lo que ocurre actualmente, la enorme masa de agua del dique Cabra Corral podría convertirse en tóxica, no sólo para los peces, sino también para las personas que realicen actividades recreativas. Esto es lo que advirtió la Dra. Lamas, en su tesis doctoral. Téngase presente que, además de los líquidos contaminados por residuos del vertedero San Javier denunciado judicialmente, al dique llegan líquidos cloacales, así como químicos y agroquímicos utilizados en el Valle de Lerma. El embalse actúa como sumidero de metales pesados, específicamente: mercurio, cobre, cadmio y zinc que, en la zona de La Maroma, alcanza valores que superan lo permitido según la normativa internacional, concluyendo la Dra. Lamas que el problema de la acumulación y magnificación de metales pesados debería ser investigado como condición necesaria antes de promover y permitir la pesca recreativa y comercial.
¿Es este el comportamiento de una Provincia que cuida la salud de su población?, ¿de una Provincia que sostiene al turismo como una de sus principales fuentes de ingreso y de empleo?, ¿Están las autoridades competentes actuando en defensa del futuro?
Es fácil advertir que el tema de la disposición final de los residuos sólidos urbanos es un problema que excede el ámbito estrictamente municipal. Su administración y su control requiere de debates abiertos y participativos, en los que se convoque a expertos y se analicen los nuevos conocimientos y técnicas así como las experiencias exitosas. Cualquier contrato en esta materia requiere de informes previos de impacto ambiental y social, de medidas de compensación y mitigación hacia los vecinos afectados, así como de organismos independientes de evaluación y de control.
La ciudadanía debe ser convocada a participar apropiadamente: la salud, el ambiente, la calidad de vida, están en juego.
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