Abel Cornejo propone cambiar el nombre de la Fiscalía de Derechos Humanos

Convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja provincial, el Procurador General presentó el proyecto de Reforma de Ley N°7839/14 de“Cambio de Denominación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”, como se denominó originalmente, en 2004, cuando fue creada.

Brindó información sobre la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos, sobre la cual se realizó una exhaustiva auditoría, que dio como resultado que, de un total de 2065 causas ingresadas a dicha Fiscalía durante todo 2019 y el primer trimestre de este año,  se resolvieron solo 97 (es decir, menos del 5% de las causas ingresadas). De las 2065 causas ingresadas a la Fiscalía, 173 fueron remitidas a otras sedes para colaboración en la investigación, 376 causas fueron remitidas a la Fiscalía de Impugnación por haberse dispuesto el archivo, 735 causas fueron archivadas sin trámite alguno y otras 684, siguen en trámite, sin resolución a la fecha. La auditoría se enmarcó en la decisión del Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien dispuso la realización de los controles sobre las 64 fiscalías dependientes del Ministerio Público Fiscal.

Ante las irregularidades detectadas en la de Derechos Humanos, el Procurador dispuso apartar a su titular, Gustavo Vilar Rey, que lo reemplace interinamente otra magistrada, y ordenar el inicio de un sumario administrativo, cuya fiscal instructora será Ana Salinas Odorisio.  

 
En otro tramo de la reunión, Cornejo informó a los legisladores sobre la conformación de distintas unidades especiales destinadas a investigar denuncias contra efectivos de la Policía de la Provincia por distintas actuaciones posiblemente irregulares, maltrato, apremios, vejaciones y otros hechos, además de las investigaciones contra policías que se tramitan en la Unidad de Graves Atentados, por las muertes de Ramón Matías Zárate, Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo, entre otros.

Decreto 255/20

El Procurador también respondió a consultas de los legisladores sobre el DNU 255/20, que otorgó más facultades a las fuerzas policiales; prevé hasta 60 días de arresto, o multa, a quien “injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19” y que establece que: “El Jefe de Policía de la Provincia tendrá competencia para resolver sobre la infracción establecida en el presente”. El decreto quedó vigente con fuerza de ley y fue publicado el 30 de junio en el Boletín Oficial. En ese sentido, Cornejo insistió con la necesidad de implementar Juzgados Contravencionales, porque otorgar nuevas competencias a la fuerza de seguridad, constituye un avance sobre lo ya legislado y normado.

En otro sentido, destacó que la formación de investigadores civiles que egresarán del Cuerpo Especializado de Investigadores del MPF, permitirá fortalecer las investigaciones fiscales con el aporte de profesionales informáticos, licenciados en seguridad, abogados, comunicadores sociales, licenciados en criminalística y criminología, trabajadores sociales, psicólogos, contadores y licenciados en administración de empresas.

Recibieron al Procurador, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Jorgelina Suárez (presidenta), Francisco Fabio Rodríguez (vicepresidente), María Silvia Varg, Mario Moreno, Adrián Valenzuela, Manuel Santiago Godoy y Claudio del Plá. Por la comisión de Justicia estuvieron los diputados Gonzalo Caro Dávalos (presidente), Franco Hernández Berni (secretario), Javier Diez Villa y Sebastián Otero. Se sumaron al encuentro las diputadas Socorro Villamayor, Cristina Fiore, Alejandra Navarro, Mónica Juárez, Emilia Figueroa, Laura Cartuccia y los diputados Carlos Zapata, Jesús Ramón Villa y Pedro Sández. También asistieron el secretario legislativo, Raúl Romeo Medina y el prosecretario, Pedro Mellado.