Sigo preocupado por la situación de la Capital. El distanciamiento social por la pandemia no fue bien interpretada y los controles no se despliegan como debieran.
Ayer comentaba que se infraccionaron a 57 boliches durante el pasado fin de semana por incumplir los protocolos. Y esto lleva a pensar para qué sirve que se levanten actas y apliquen multas, si el infractor se ríe, sigue actuando al margen de la normativa y lucra con la concurrencia de una multitud.
Surgen muchas preguntas. ¿La Municipalidad tiene la facultad de cerrar ese lugar? ¿No es mejor que se lo clausure poniéndole una franja marcando que ese negocio incumple las medidas de seguridad sanitaria y por eso estará cerrado por una semana? Hacerle una infracción de la que nadie se entera, sirve solamente para cobrar una multa.
Además de la gravedad del hecho en sí mismo, es también una injusticia con los estamos cuidándonos, con los que estamos cumpliendo con los protocolos. La actitud desaprensiva de quienes no cumple pero a los que no se sanciona con la severidad de un cierre de su negocio, llevará a que todos tengamos que volver para atrás.
No se están tomando acciones correctivas en Capital y reitero lo que ocurre con la feria de Barrio Solidaridad. Es un desbarajuste impresionante y sigue abierta. Que la Municipalidad no tome cartas en el asunto, como consecuencia de conflictos internos, genera la necesidad que sea la Provincia se haga cargo de los problemas.
El Ministro de Gobierno ha confirmado que se ha pedido ayuda a los municipios para acompañar las decisiones provinciales, especialmente ejerciendo las facultades que le son propias, como es la de las clausuras de locales comerciales. Recíprocamente, el Ejecutivo Provincial está dispuesto a asistir a las intendencias para que puedan cumplir su tarea.
Hay quienes incumplen y un Ejecutivo Municipal que no controla o no actúa eficientemente. Cincuenta y siete multas solo tienen un sentido económico y no es eso lo que se requiere para disciplinar a quienes no manifiestan responsabilidad social. Lamentablemente, todos deberemos pagar los platos rotos.
Hay muchos que han hecho grandes inversiones, a pesar que la cuarentena casi los deja fuera de juego, para ajustarse a las exigencias impuestas por las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia, como asegurar el distanciamiento social mediante mamparas, o capacitar al personal y ajustar sistemas informáticos.
Que haya quienes hagan caso omiso frente a un Gobierno Municipal que no controla, lleva al desborde. Estamos en ese desborde y hay responsabilidad de parte del Estado. Si un nivel, en este caso el municipal, no tiene la humildad de pedir ayuda para reencauzar la situación, estamos ante un verdadero problema. El gobierno provincial no puede tomar la iniciativa sin que se signifique un avasallamiento. Y seguramente nadie puede pensar en una intervención lisa y llana.
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.