Sigo preocupado por la situación de la Capital. El distanciamiento social por la pandemia no fue bien interpretada y los controles no se despliegan como debieran.
Ayer comentaba que se infraccionaron a 57 boliches durante el pasado fin de semana por incumplir los protocolos. Y esto lleva a pensar para qué sirve que se levanten actas y apliquen multas, si el infractor se ríe, sigue actuando al margen de la normativa y lucra con la concurrencia de una multitud.
Surgen muchas preguntas. ¿La Municipalidad tiene la facultad de cerrar ese lugar? ¿No es mejor que se lo clausure poniéndole una franja marcando que ese negocio incumple las medidas de seguridad sanitaria y por eso estará cerrado por una semana? Hacerle una infracción de la que nadie se entera, sirve solamente para cobrar una multa.
Además de la gravedad del hecho en sí mismo, es también una injusticia con los estamos cuidándonos, con los que estamos cumpliendo con los protocolos. La actitud desaprensiva de quienes no cumple pero a los que no se sanciona con la severidad de un cierre de su negocio, llevará a que todos tengamos que volver para atrás.
No se están tomando acciones correctivas en Capital y reitero lo que ocurre con la feria de Barrio Solidaridad. Es un desbarajuste impresionante y sigue abierta. Que la Municipalidad no tome cartas en el asunto, como consecuencia de conflictos internos, genera la necesidad que sea la Provincia se haga cargo de los problemas.
El Ministro de Gobierno ha confirmado que se ha pedido ayuda a los municipios para acompañar las decisiones provinciales, especialmente ejerciendo las facultades que le son propias, como es la de las clausuras de locales comerciales. Recíprocamente, el Ejecutivo Provincial está dispuesto a asistir a las intendencias para que puedan cumplir su tarea.
Hay quienes incumplen y un Ejecutivo Municipal que no controla o no actúa eficientemente. Cincuenta y siete multas solo tienen un sentido económico y no es eso lo que se requiere para disciplinar a quienes no manifiestan responsabilidad social. Lamentablemente, todos deberemos pagar los platos rotos.
Hay muchos que han hecho grandes inversiones, a pesar que la cuarentena casi los deja fuera de juego, para ajustarse a las exigencias impuestas por las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia, como asegurar el distanciamiento social mediante mamparas, o capacitar al personal y ajustar sistemas informáticos.
Que haya quienes hagan caso omiso frente a un Gobierno Municipal que no controla, lleva al desborde. Estamos en ese desborde y hay responsabilidad de parte del Estado. Si un nivel, en este caso el municipal, no tiene la humildad de pedir ayuda para reencauzar la situación, estamos ante un verdadero problema. El gobierno provincial no puede tomar la iniciativa sin que se signifique un avasallamiento. Y seguramente nadie puede pensar en una intervención lisa y llana.
