Siguen exhibiéndose números preocupantes. El Estado asiste económicamente a 9 de cada 10 hogares del país, dijo el Centro de Estudios de la Producción, del ministerio que conduce Matías Kulfas. Ese dato confronta con otro no menos preocupante: 7 de cada 10 empresas industriales salteñas no podrán pagar el aguinaldo completo.
Opinión23/06/2020
No se trata ya de medir el nivel de producción, el comportamiento de la balanza comercial o la reducción del PBI en el año de la pandemia. Cuestiones más domésticas ocupan la atención de los gobiernos, las entidades empresarias y los gremios. Los esfuerzos se centran en mantener abiertas las puertas de fábricas y comercios.
El esfuerzo de las distintas zonas del país por enfrentar al Covid 19 ha recompensado a su población con la liberación de la estricta contención de la cuarentena. Sin embargo, la vuelta a la actividad de distintos sectores económicos trajo aparejada la posibilidad que las empresas pierdan beneficios establecidos por el Gobierno Nacional para transitar una de las situaciones más difíciles que ha vivido el mundo contemporáneo.
En principio, el Gabinete Económico resolvió la semana pasada definir limitaciones al Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción y la primera medida fue disponer que el Estado no se hará cargo de asistir al sector privado en el pago de aguinaldos que se está desembolsando. Es que está medido el importante agujero fiscal provocado por la caída de la recaudación generada por la pandemia. Junto a un elevado incremento del gasto público, el déficit de las cuentas se ha multiplicado en casi 10 puntos.
Teniendo en cuenta que el sostenimiento del aislamiento social afecta a pocos distritos del país, el grueso de las provincias ha comenzado a observar con preocupación que el alivio de la situación sanitaria implica una insostenible presión económica. La tarea que ha encarado el gabinete económico que encabeza el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, es compleja y la pretensión de las representaciones del interior del país y de las pequeñas y medianas empresas es tener participación en las decisiones. Es lo que están demandando al titular del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La Unión Industrial de Salta reconoció que, sin ayuda estatal, el pago de salarios se complicará como ya está sucediendo con el pago de los aguinaldos, que se negocia con los sindicatos locales para hacerlo en cuota. De allí que la titular de la UIS, Paula Bibini, calificara de angustiante la situación en el sector productivo y sumó un dato que la explica: mientras que a nivel nacional se registró una caída del 30% en la actividad fabril, Salta ha retornado a la actividad con el 50% de su capacidad operativa paralizada
La ayuda estatal se redireccionará según la criticidad de la actividad pero especialmente habrá una segunda partición entre zonas según la cuestión epidemiológica. Serán menos favorecidas con subsidios y aportes estatales las que transiten la fase de Dispo; esto es, de distanciamiento social. Es el caso de Salta que, atendiendo a que casi el 90% de sus actividades está normalizándose, las empresas -aunque están produciendo en escalas reducidas- dejarán de recibir la asistencia del 50% de los salarios de sus trabajadores y pasarían a recibir un porcentaje menor.
El resultado fue sugerido por la conducción de la central fabril: sin asistencia especial del Estado y con limitado acceso al crédito, no serán pocas las empresas que resuelvan no volver al ruedo. Y no le sirve a nadie empujarlas al abismo.
Salta, 23 de junio de 2020
Un año electoral intenso alcanzó sus objetivos generales de reforma legislativa pero también dejó datos sobre la política que la dirigencia del sector no debe ignorar. Debe trabajar para mejorar el vínculo con la sociedad, dado que es un elemento fundamental para la consolidación de la democracia.
La falta de federalismo que caracteriza al sistema institucional argentino ha tenido este martes una nueva manifestación. El Ejecutivo nacional dispuso desregular las cuotas que se pagan en los colegios privados sin advertir que se trata de decisiones que cada provincia asume como responsable de los ciclos de educación obligatoria.
Hay frases que se repiten en la política argentina como los hits del verano. Una de ellas es: “ahora sí, se viene una nueva etapa”. Y ahí es cuando uno se acomoda en la silla, prende el aire —porque siempre hace calor cuando cambian ministros— y piensa: ¿cuántas veces escuchamos esta escena?
La situación financiera y la crisis social son dos frentes sobre los que opera toda la atención del Ejecutivo provincial. El cierre del año impone cuestiones que deben definirse para proyectar un nuevo ejercicio fiscal en un panorama complejo, que obliga a negociaciones en distintos niveles y con diferentes protagonistas.
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Comenzó una nueva etapa de gestión institucional en la Argentina y la Provincia está convocada a contribuir en la tarea. Es la forma como se está presentando la construcción del acuerdo político en torno de las reformas estructurales que el gobierno de La Libertad Avanza pretende llevar adelante.
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Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.