Siguen exhibiéndose números preocupantes. El Estado asiste económicamente a 9 de cada 10 hogares del país, dijo el Centro de Estudios de la Producción, del ministerio que conduce Matías Kulfas. Ese dato confronta con otro no menos preocupante: 7 de cada 10 empresas industriales salteñas no podrán pagar el aguinaldo completo.
Opinión23/06/2020
No se trata ya de medir el nivel de producción, el comportamiento de la balanza comercial o la reducción del PBI en el año de la pandemia. Cuestiones más domésticas ocupan la atención de los gobiernos, las entidades empresarias y los gremios. Los esfuerzos se centran en mantener abiertas las puertas de fábricas y comercios.
El esfuerzo de las distintas zonas del país por enfrentar al Covid 19 ha recompensado a su población con la liberación de la estricta contención de la cuarentena. Sin embargo, la vuelta a la actividad de distintos sectores económicos trajo aparejada la posibilidad que las empresas pierdan beneficios establecidos por el Gobierno Nacional para transitar una de las situaciones más difíciles que ha vivido el mundo contemporáneo.
En principio, el Gabinete Económico resolvió la semana pasada definir limitaciones al Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción y la primera medida fue disponer que el Estado no se hará cargo de asistir al sector privado en el pago de aguinaldos que se está desembolsando. Es que está medido el importante agujero fiscal provocado por la caída de la recaudación generada por la pandemia. Junto a un elevado incremento del gasto público, el déficit de las cuentas se ha multiplicado en casi 10 puntos.
Teniendo en cuenta que el sostenimiento del aislamiento social afecta a pocos distritos del país, el grueso de las provincias ha comenzado a observar con preocupación que el alivio de la situación sanitaria implica una insostenible presión económica. La tarea que ha encarado el gabinete económico que encabeza el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, es compleja y la pretensión de las representaciones del interior del país y de las pequeñas y medianas empresas es tener participación en las decisiones. Es lo que están demandando al titular del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La Unión Industrial de Salta reconoció que, sin ayuda estatal, el pago de salarios se complicará como ya está sucediendo con el pago de los aguinaldos, que se negocia con los sindicatos locales para hacerlo en cuota. De allí que la titular de la UIS, Paula Bibini, calificara de angustiante la situación en el sector productivo y sumó un dato que la explica: mientras que a nivel nacional se registró una caída del 30% en la actividad fabril, Salta ha retornado a la actividad con el 50% de su capacidad operativa paralizada
La ayuda estatal se redireccionará según la criticidad de la actividad pero especialmente habrá una segunda partición entre zonas según la cuestión epidemiológica. Serán menos favorecidas con subsidios y aportes estatales las que transiten la fase de Dispo; esto es, de distanciamiento social. Es el caso de Salta que, atendiendo a que casi el 90% de sus actividades está normalizándose, las empresas -aunque están produciendo en escalas reducidas- dejarán de recibir la asistencia del 50% de los salarios de sus trabajadores y pasarían a recibir un porcentaje menor.
El resultado fue sugerido por la conducción de la central fabril: sin asistencia especial del Estado y con limitado acceso al crédito, no serán pocas las empresas que resuelvan no volver al ruedo. Y no le sirve a nadie empujarlas al abismo.
Salta, 23 de junio de 2020
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
La actividad política estará centrada en la semana que se inicia hoy en la Legislatura provincial y en el Congreso. También habrá en Salta un impulso de gestión dado por la renovación del gabinete de Gustavo Sáenz, La confluencia de estos factores configuran un cierre de año movilizante, que también se observará en las calles.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Debido al asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil de Salta garantiza guardias mínimas desde este viernes 19 de diciembre y durante el fin de semana.
El organismo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, será el único rector encargado de evaluar los dilemas éticos y legales que surjan del progreso científico y las nuevas tecnologías.