Pocas son las actividades que aún padecen las restricciones del aislamiento y, en algunos casos, casi están condenadas a su extinción. La expectativa queda centrada en la ayuda financiera que el Gobierno Provincial pueda facilitar. La otra cara es la responsabilidad social, que es protagonista excluyente en este tiempo.
Opinión11/05/2020
La afirmación no es una especulación y lo ha reconocido la Cámara Pyme de Salta para el caso de pequeñas y medianas empresas para las que la asistencia estatal no llegó a tiempo. Ese fue un aspecto de la realidad configurada por la pandemia del coronavirus, en el que no hubo una coordinación entre las medidas dispuestas por el gobierno argentino y los bancos que operan en todo el territorio nacional. La Provincia no fue una excepción respecto de un cuestionado comportamiento al momento de otorgar créditos a las pymes locales, pese a que los empresarios contaban con la garantía Fondo de Garantías Argentino. Es lo que justificó la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz que tuvo que convocar a sus representantes para demandar una mayor comprensión del impacto del tratamiento de la situación.
De todas maneras, la presidenta de la entidad empresaria, Solana López Fleming, ya ha anticipado que de esta situación se saldrá con mayor desempleo. Reconoció que previo a la pandemia, en Salta había mucho empleo informal y una tasa de desocupación altísima pero lamentó que muchas empresas, que no pudieron soportar el período de aislamiento, ya cerraron.
De allí la insistencia con la que los distintos sectores económicos gestionaron la flexibilización y la diligencia puesta por el Gobierno Provincial por acordar protocolos y lograr la autorización de la autoridad nacional que es la principal responsable del manejo de la lucha contra el COVID-19. El ministro de la Producción ha destacado el hecho que la mayor parte de la actividad económica está liberada en Salta de la cuarentena y algunas ni siquiera fueron alcanzadas por sus restricciones. Pese a ello, los problemas apremian y obligan a convenir acciones con otras jurisdicciones.
Cabe señalar que se siguen pidiendo excepciones, como es el caso de la gastronomía para las que puede haber cierta flexibilización en lo inmediato. No es el caso de algunos servicios como los que prestan gimnasios y salas maternales, para los que se está analizando algunas otras formas de acompañamiento financiero, para mantener los emprendimientos por lo menos en la línea de flotación.
Hay bandas de actividades en los que la decisión será nacional, como es el caso del transporte aéreo y el terrestre de larga distancia. No son resoluciones menores, por lo que involucran y representan en la cadena de producción nacional. Un caso es su vinculación con el turismo, llave del crecimiento provincial.
En estas jornadas y ante el nivel de flexibilización de la cuarentena, ha emergido con mayor claridad un elemento que fue crucial desde el arranque de este proceso. Es la responsabilidad social, que fue sustancial para asegurar la eficacia de la primera etapa del confinamiento y sigue siéndole en las sucesivas prórrogas.
Desde la Presidencia de la Nación y el Ejecutivo local se repite como una letanía que el camino que tome la batalla contra el enemigo invisible, será consecuente con el comportamiento de la población. Es el dato crucial que pone al hombre común en un rol protagónico, solo comparable al ejercicio de la soberanía política. Y no es poco.
Salta, 11 de mayo de 2020
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
La Corte Suprema cerró la disputa por el meteorito “Chaco” y determinó que es patrimonio público, rechazando la indemnización reclamada por la empresa dueña del terreno.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.