
La semana cierra con gobiernos expectantes por situaciones que tendrán fuerte impacto en el devenir del país.


”Volver a casa a cualquier precio; no; volver a casa sin importarnos nada, no”. Fue casi una arenga para presentar la última medida del gobernador Gustavo Sáenz en el marco del aislamiento social obligatorio, que fue extendido hasta el 10 de mayo por el Gobierno Nacional.
Opinión27/04/2020
Luego que la Capital salteña quedara incluida entre los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes que deben seguir con el aislamiento social, tal como fuera establecido por un DNU nacional con carácter de preventivo y obligatorio, se confirmó el cuarto caso de coronavirus en la Provincial. Al igual que sus antecesores fue importado ya que lo portaba un ciudadano que ingresó a este territorio, proveniente del sur del país.
Ello llevó que el mandatario anunciara su decisión de impedir la circulación de colectivos de mediana y de larga distancia que traen a personas repatriadas a Salta. Es que de manera casi casual se detectó este caso entre el pasaje de un servicio que venía desde Río Negro y que se negó hasta que los análisis realizados en el Hospital del Milagro lo confirmara. Previamente, los propietarios del transporte, los choferes y los pasajeros que se incluyeron irregularmente en la nómina de los transportados, fueron imputados por la justicia federal por violar la cuarentena y poner el riesgo la salud de la población.
La limitación se produce luego que muchos otros grupos de repatriados estuvieron llegando a la Provincia, provenientes de distintos puntos del país y del exterior, para preocupación de la población local. Cada arribo generó la aplicación de protocolos de protección, pese a lo cual hubo quejas y denuncias que no se aplacaron aún antes las explicaciones oficiales en torno del control y la aplicación de medidas de bioseguridad.
El Gobernador ha quedado en un punto que da razones a quienes temen que la emergencia generada por el COVID 19 esté propiciando decisiones autoritarias. Frente a la medida de cierre de la Provincia, se adelantó a los reparos de quienes seguramente demandarán por un exceso en el uso de facultades extraordinarias y pidió públicamente a la ciudadanía que lo acompañe en esta oportunidad. La avaricia de ciertos empresarios y la necesidad de otros de volver a la Provincia no pueden –explicó el mandatario- poner en riesgo la vida de muchísima gente.
Si la medida no tiene excepciones, uno de los primeros afectados será el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que está retornando de España tras una frustrada tarea académica y no a causa del coronavirus. Si podría adjudicarle a la pandemia la imposibilidad, tras doce años de un liderazgo político sin fisuras, de regresar a un territorio que gobernó sin cuestionamientos pero en el que hoy no encontraría apoyo alguno.
Respecto de la decisión informada sobre la apertura de una nueva semana hábil, vale señalar que se sumó a la toma de varias decisiones que sucedieron al anuncio de la extensión del aislamiento dispuesto el 30 de marzo de pasado, que virtualmente paralizó a los tres poderes del Estado –excepto aquellas áreas vinculadas a la emergencia sanitaria- y al aparato productivo, profundizando la debacle económica salteña.
La escasa propagación del virus animó a sacar del cepo a un conjunto de actividades y tras más de 20 días sin registro de nuevos casos, 59 de los 60 municipios propondrán mayor flexibilización. La instrucción fue transmitida por el gobernador a los intendentes, quienes deberán elaborar protocolos para nuevas excepciones, sobre las que deberán realizar los controles pertinentes, luego de ser aprobadas por el Gobierno Provincial.
A casi 50 días de su instalación, el aislamiento obligatorio y preventivo ha configurado una nueva realidad social y económica. También está definiendo otro mapa político en el que la oposición debe acompañar. En caso contrario, solo le quedará el camino de la exclusión.
Salta, 27 de abril de 2020

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