El Presidente firmó un DNU que prohíbe echar trabajadores por 60 días

El Pais 01 de abril de 2020
Las nuevas medidas disponen también la transferencia de $ 30.000 millones a un fondo para facilitar préstamos a pymes
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El presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe los despidos "sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor" por 60 días. La medida, además, anticipa que no se reconocerá el fin de las relaciones laborales existentes.

El Gobierno también dispuso la transferencia de 30.000 millones de pesos al Fondo de Garantías Argentino (Fogar) "con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas" inscriptas en el Registro Pyme del Ministerio de Desarrollo Productivo, que lidera Matías Kulfas.

La decisión de robustecer el Fogar tiene por objetivo otorgar a los bancos las garantías para que las pymes puedan acceder a los préstamos y asegurar así el repago de los préstamos para capital de trabajo. Las garantías podrán cubrir hasta el 100% del préstamo.

Después de un día de frenéticas reuniones, la Casa Rosada informó sobre la publicación de los tres decretos cerca de las 24. Antes, el Presidente estuvo reunido con parte de su equipo, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, entre otros, puliendo los detalles de la medida. La medida, que también incluyó la prórroga de la cuarentena hasta el 12, fue la respuesta del Gobierno al pedido de la CGT para evitar que la crisis del coronavirus impacte de lleno sobre el nivel de empleo y como gesto para los empresarios. Aún sin definición quedó si habrá una segmentación de acuerdo con el tamaño de la empresa. Según un borrador de un DNU que circuló por distintos despachos oficiales, el Gobierno creará el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para las empresas afectadas por el parate económico que provocó la cuarentena.

La medida está dirigida a las pymes, pero es también una muestra de autoridad luego de que Techint desvinculara a 1450 trabajadores. Las empresas que adhieran al programa se comprometen a no echar a sus empleados y deberán reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos después del 29 de febrero.

A través de los Repro, la Anses se hará cargo del neto del salario con un máximo de un salario mínimo por cada trabajador ($16.875) de las empresas de hasta 25 trabajadores. De 26 a 60 trabajadores, cubrirá un máximo equivalente al 75% del salario por cada trabajador ($12.656) De 61 a 100 empleados, el Estado pagará el 50% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador; es decir, $8437,50.

El jefe del Estado les adelantó parte de su plan hoy al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a los intendentes del conurbano, con quienes participó de una videoconferencia. La decisión responde a un pedido que realizó la central obrera. Tanto fue así que Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, reclamó la suspensión de los artículos 221 y 247 de la ley de contrato de trabajo (LCT), que permiten despedir por "razones de fuerza mayor". Desde la central obrera además pidieron "la conformación de un comité de crisis" .

En medio de la crisis, los empresarios le reclamaron al Gobierno financiamiento barato, alivio fiscal y mayor dirección del Estado y de la dirigencia sindical para sobrellevar un momento excepcional. Uno de los que intercambiaron mensajes con el Presidente en los últimos días fue el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo. José Urtubey, directivo de la papelera Celulosa y miembro del comité ejecutivo de la UIA, es de los que pidieron mayor financiamiento para pagar salarios y mantener las fuentes de trabajo. "Se necesita en forma prioritaria acceder a estos créditos de forma automática para el pago de salarios y para descuentos de cheques", dijo Urtubey, que emplea a 1900 personas. En sintonía con la CGT, el presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla -la compañía trabaja con dotaciones mínimas en la producción de aluminio en su planta de Puerto Madryn-, pidió que se involucren todas las partes, privados, Estado y gremios, y "navegar esto de la mejor manera posible".

La Nación

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