
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
El coronavirus sigue acumulando víctimas. En Salta, donde no hay casos confirmados, el turismo sufre las consecuencias de la pandemia que está cambiando el mapa de relaciones en el mundo, tanto las sociales como las económicas.
Opinión17/03/2020La emergencia que se declaró en los tres niveles de gobierno, genera filtros y restricciones de actividades pero especialmente impacta en el movimiento de personas, todos potenciales portadores del COVID 19. Frente a un fin de semana extra largo, la efectividad de las medidas preventivas se medirá en función de la dimensión de un fracaso económico.
Cuando aún se aguardan nuevas medidas, exigidas por la dinámica de una situación que en el mundo no ha tocado techo, todo indica que lo que prometía ser una exitosa temporada turística ha decaído. Los visitantes se están observando como una eventual amenaza a la población local.
Hay gobiernos provinciales que han extremado la prevención concurriendo a fortalecer el cierre de las fronteras dispuestas por el gobierno federal. Un caso es el de Tierra del Fuego, que no recibe turistas ni permite el arribo a puerto de los cruceros que suelen visitarla. En Mendoza, el gobernador ha requerido a las autoridades nacionales el cierre del aeropuerto no solo a vuelos internacionales –como ya se dispuso- sino para los de cabotaje. Para Rodolfo Suárez, la población de provincias que ya registran enfermos de coronavirus, constituye un riesgo para la suya. Pero especialmente, se demanda adoptar todas las medidas para restringir la movilidad de personas, entendiendo que no puede haber cierre de fronteras interprovinciales.
Precisamente la cuestión fronteriza preocupa a Salta. El gobernador Gustavo Sáenz venía reclamando desde principios de la semana pasada el cierre de los pasos internacionales, teniendo en cuenta la particular situación provincial con triple frontera. No solo se trata del ingreso de ciudadanos extranjeros sino de argentinos que provienen de países de riesgo. Esta última circunstancia se ha intensificado desde que se ha limitado el acceso de vuelos de esa procedencia, que dejó a los ingresos terrestres como opción. Al respecto cabe señalar que el diputado de Rivadavia, Ramón Villa, ha denunciado que en el Chaco Salteño hay varias fronteras secas sin controles de paso a Bolivia y Paraguay.
De cualquier manera se debe evitar que se abandone el estado de contingencia; esto es, hay casos bajo análisis pero ninguno confirmado. Hay dificultades por la centralización de la confirmación en un solo instituto nacional, que es el que dispone de tecnología y reactivos. Tal situación genera una preocupante morosidad, que provocó la irritación del mandatario salteño que ya se ha ocupado de hacerla pública.
También inquieta la capacidad del sistema de salud para enfrentar un brote, que es todavía una etapa distante si es que no se atiende a la velocidad con la que el contagio se produce. Hay se confirmó que hay alrededor de dos mil 500 camas, en todo el territorio y tanto en el sector público como el privado. La disponibilidad de respiradores es menor en los establecimientos estatales.
Estas situaciones son las que justifican que se desaliente el turismo de fin de semana largo. El ministerio del ramo ya adoptó medidas para evitar la concurrencia masiva de personas a lugares de atracción, restricción que también alcanza a la población local.
Todo indica que sectorial e individualmente, los salteños están obligados a realizar su aporte. La salud y hasta la vida de todos así lo exige.
Salta, 17 de marzo de 2020
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
La semana pasada los gobernadores de todas las provincias argentinas propusieron un proyecto de ley planteando la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para posibilitar que la Nación y las provincias destinen esos fondos de acuerdo a las prioridades de cada una.
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