Exceso

Puntualmente, la decisión de este sector de los médicos de iniciar una medida de fuerza que paró los quirófanos del principal hospital de la Provincia, ha llevado a que las autoridades del nosocomio planteen un amparo y formalicen una denuncia penal. El primero apunta a la protección de la vida y el derecho a la salud que toda la normativa internacional, nacional y provincial establece y el segundo, demanda la investigación de la comisión de una estafa contra el viejo San Bernardo. 

La situación es inédita respecto de la deshumanización y abandono de principios deontológicos de lo que hicieron gala los profesionales comprometidos en el conflicto, al dejar en jaque una importante cantidad de cirugías, en su mayoría de urgencia, con el consiguiente riesgo de vida para cerca de mil pacientes que están a la espera de una intervención, como señalara Pablo Salomón, gerente del hospital. Pero no lo es la pertinaz actitud de los anestesiólogos en Salta y en el resto del país; no hay provincia que no haya enfrentado un problema de este tipo.

En mayo de 2006, los ministros de Salud de todo el país analizaron con representantes de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación la problemática de los servicios de anestesiología en el país. Ya era evidente la falta de profesionales de la especialidad pero también las actitudes cuasi-monopólicas de las entidades que los representan y que ponían en peligro una especialidad crítica. Por entonces se había determinado, en base a un relevamiento nacional, la necesidad de 160 residencias en anestesiología. Sin embargo, las conductas corporativas del sector ponían en riesgo –y lo siguen haciendo- el cumplimiento del Plan Federal de Formación de Recursos Críticos. 

Pese a que los anestesistas son reconocidos como recurso humano crítico, las asociaciones que los representan en cada provincia despliegan acciones intentando reducir año tras año los ingresantes a la especialidad. Esto fue reconocido en un fallo judicial en Córdoba, de 2018, en el que se destaca la pretensión de que esos profesionales obtengan mayores ganancias por sus servicios, afirmando que a menor competencia se producirán mayores ingresos.

La Confederación Médica de la República Argentina sostiene un Código de Ética y Disciplina, que impone como principio general que en toda actuación el médico cuidará de sus enfermos ateniéndose a su condición humana. Dice también que debe ajustar su conducta a las reglas de la circunspección, de la probidad y el honor; será un hombre honrado en el ejercicio de su profesión, como en los demás actos de su vida. La pureza de costumbres y los hábitos de templanza son asimismo indispensables, por cuanto sin un entendimiento claro y vigoroso no puede ejercer acertadamente su ministerio, ni menos estar apercibido para los accidentes que tan a menudo exige la rápida y oportuna intervención del arte de curar.

La Constitucional Nacional y Provincial y los Tratados Internacionales le dan carácter primordial el derecho a la salud y a la vida. Y en ese orden, presionar poniendo en riesgo el ejercicio de ese derecho para lograr una recomposición arancelaria o cualquier otra pretensión pecuniaria de un individuo o un sector, exterioriza un ejercicio irrazonable de la defensa de intereses particulares.

Apelar a la humanidad de estos médicos, en estas circunstancias es insuficiente. 

Salta, 12 de marzo de 2020