El Senado de la Provincia se involucró con el proceso de auditoría de pensiones encarado por el gobierno nacional a través de organismos especializados. Las complicaciones en su implementación generaron severos reclamos en todo el país.
Ajuste
Se confirmó para el próximo jueves la llegada a Salta de Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Junto al de Economía, es sin dudas uno de los dos ministros sobre los que cae toda la presión de la situación nacional y ha recibido dos malas noticias en los últimos días.
Opinión17/02/2020
El funcionario nacional que se ocupa de la emergencia social aseguró que la problemática que debe pilotear tiene dos severos problemas: uno es el alto costo de los alimentos y el otro, el altísimo nivel de endeudamiento de las familias. Las medidas adoptadas hasta ahora tienen la cobertura de una emergencia pero se ha desplegado apenas una de las tres etapas más urgentes. Y el esfuerzo muestra resultados que explicitan el largo camino que se debe recorrer.
Fue Arroyo -quien tiene previsto visitar nuevamente la Provincia, esta vez para dialogar con los caciques de comunidades originarias- fue quien debió exponer sobre la situación social ante la misión del Fondo Monetario Internacional. Y según sus propias explicaciones le advirtió al organismo que “no hay ningún margen para un ajuste”.
Si bien se debe reconocer que es el ministro parado en la primera línea del desastre y desde esa posición se entiende que es el que mejor puede interpretar el dolor de familias que por ahora no tienen salida que no sea la aportada por el Estado, sus decisiones deben tolerar la intervención de otros factores. Algunos son las decisiones de otras áreas de gobierno y otros, lo que resuelve el poder más condicionante, que es el de la economía.
Si bien el Ministro de Desarrollo Social insiste en que “claramente en la Argentina no hay lugar para ningún ajuste”, no pudo evitar el que el viernes pasado dispuso el Gobierno Nacional. El aumento de jubilaciones y pensiones anunciado por el propio Presidente obliga a que el 40% del sector pasivo –buena parte del cual no cubre la canasta básica- sostenga la mejora concedida a quienes cobran un haber mínimo y que tampoco logran una significativa. El anuncio con el que cerró la semana pasada contradice al funcionario, por cuanto demuestra que si así lo dispone la política, hay espacio para seguir ajustando.
La otra mala noticia que tuvo Arroyo –y por supuesto los argentinos en general- fue el informe del INDEC sobre la inflación de enero. Si bien fue sensiblemente inferior a los registros del último cuatrimestre de 2019, cuando se alcanzó casi 6 puntos como ocurrió en setiembre e incluso menor a las estimaciones de consultoras privadas, tiene un dato preocupante. El promedio general de 2.3% para el primer mes del año no refleja la sensación que tiene el consumidor. Ello se explica en que alimentos y bebidas no alcohólicas, el capítulo con mayor ponderación del índice de precios, tuvo un incremento de casi el 5%.
Y el crecimiento de precios de artículos de primera necesidad no cesa y constituye un problema frente al hecho que por un semestre en algunos casos o un trimestre, en otros, estará vigente el congelamiento de precios de servicios públicos y los acuerdos con las empresas de medicina prepaga. Por ello es que un capítulo relevante, como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, tuvo un incremento del 0,6% en enero, equilibrando el incesante incremento del precio de alimentos.
Hasta fines de marzo se entregarán tarjetas para alimentar a los niños de hasta 6 años. Luego se trabajará sobre los de edad escolar, a través de establecimientos educativos. Y en algún momento, se tratará de dar una mayor ayuda a los ancianos.
Es todo lo que habrá.
Salta, 17 de febrero de 2020
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