Se confirmó para el próximo jueves la llegada a Salta de Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Junto al de Economía, es sin dudas uno de los dos ministros sobre los que cae toda la presión de la situación nacional y ha recibido dos malas noticias en los últimos días.
Opinión 17/02/2020
El funcionario nacional que se ocupa de la emergencia social aseguró que la problemática que debe pilotear tiene dos severos problemas: uno es el alto costo de los alimentos y el otro, el altísimo nivel de endeudamiento de las familias. Las medidas adoptadas hasta ahora tienen la cobertura de una emergencia pero se ha desplegado apenas una de las tres etapas más urgentes. Y el esfuerzo muestra resultados que explicitan el largo camino que se debe recorrer.
Fue Arroyo -quien tiene previsto visitar nuevamente la Provincia, esta vez para dialogar con los caciques de comunidades originarias- fue quien debió exponer sobre la situación social ante la misión del Fondo Monetario Internacional. Y según sus propias explicaciones le advirtió al organismo que “no hay ningún margen para un ajuste”.
Si bien se debe reconocer que es el ministro parado en la primera línea del desastre y desde esa posición se entiende que es el que mejor puede interpretar el dolor de familias que por ahora no tienen salida que no sea la aportada por el Estado, sus decisiones deben tolerar la intervención de otros factores. Algunos son las decisiones de otras áreas de gobierno y otros, lo que resuelve el poder más condicionante, que es el de la economía.
Si bien el Ministro de Desarrollo Social insiste en que “claramente en la Argentina no hay lugar para ningún ajuste”, no pudo evitar el que el viernes pasado dispuso el Gobierno Nacional. El aumento de jubilaciones y pensiones anunciado por el propio Presidente obliga a que el 40% del sector pasivo –buena parte del cual no cubre la canasta básica- sostenga la mejora concedida a quienes cobran un haber mínimo y que tampoco logran una significativa. El anuncio con el que cerró la semana pasada contradice al funcionario, por cuanto demuestra que si así lo dispone la política, hay espacio para seguir ajustando.
La otra mala noticia que tuvo Arroyo –y por supuesto los argentinos en general- fue el informe del INDEC sobre la inflación de enero. Si bien fue sensiblemente inferior a los registros del último cuatrimestre de 2019, cuando se alcanzó casi 6 puntos como ocurrió en setiembre e incluso menor a las estimaciones de consultoras privadas, tiene un dato preocupante. El promedio general de 2.3% para el primer mes del año no refleja la sensación que tiene el consumidor. Ello se explica en que alimentos y bebidas no alcohólicas, el capítulo con mayor ponderación del índice de precios, tuvo un incremento de casi el 5%.
Y el crecimiento de precios de artículos de primera necesidad no cesa y constituye un problema frente al hecho que por un semestre en algunos casos o un trimestre, en otros, estará vigente el congelamiento de precios de servicios públicos y los acuerdos con las empresas de medicina prepaga. Por ello es que un capítulo relevante, como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, tuvo un incremento del 0,6% en enero, equilibrando el incesante incremento del precio de alimentos.
Hasta fines de marzo se entregarán tarjetas para alimentar a los niños de hasta 6 años. Luego se trabajará sobre los de edad escolar, a través de establecimientos educativos. Y en algún momento, se tratará de dar una mayor ayuda a los ancianos.
Es todo lo que habrá.
Salta, 17 de febrero de 2020
Comienza a transcurrir el tiempo de definir acuerdos. Tanto la Nación como las Provincias deben construir consensos que no pongan en riesgo la pretensión del gobierno de Javier Milei de eliminar el déficit fiscal y reducir la inflación y eviten que los gobernadores caigan en el riesgo de no poder pagar sueldos.
El Gobierno Nacional ordenó a las empresas de medicina prepaga que retrotraigan los aumentos abusivos que impusieron a sus afiliados a valores de diciembre y devuelvan el dinero excedente que ya fue cobrado.
Otra vez la contradicción. Otra vez la supuesta política anticasta volvió impulsar una medida a favor del privilegio y la prebenda empresarial a costa de los impuestos, el trabajo y la producción de los argentinos.
El demorado inicio de la semana hábil, no necesariamente postergará decisiones presidenciales.
Avanza la construcción del Pacto de Mayo, un nuevo contrato social que el Presidente de la Nación propuso a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos.
La Pascua encuentra al país sumido en severos problemas y con señales de incipiente conflictividad social. La intención de la dirigencia gremial de usar medidas de fuerza para expresar la oposición política al gobierno libertario, hoy es la decisión pendiente que demandan distintos grupos sociales. Pero no es la solución.
En un documento dieron el ultimátum hasta el viernes. Insisten con la actualización del precio del kilómetro.
Autoridades provinciales y municipales mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona y realizaron un relevamiento en el área.
Se trata de un acompañamiento de $500 millones de asistencia financiera y descuento en energía del 30%. Además se comunicó la presencia de un representante del norte en el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
El cronograma de aumentos tiene una próxima fecha clave: el 1° de mayo debería aumentar el impuesto a los combustibles, según un decreto firmado en febrero por Milei, los ministros Luis Caputo y Guillermo Francos.
Será a partir de convenios firmados por el intendente, Emiliano Durand y la secretaría de Minería y Energía de la Provincia, Romina Sassarini. Además, se estableció un trabajo conjunto para el control de extracciones ilegales en los ríos que son jurisdicción de la ciudad.