Convocada por el Poder Ejecutivo, la Legislatura ha comenzado a retomar su ritmo en el recinto. Este jueves hubo sesión especial en el Senado y ya ha fijado para el martes 18 su primera reunión en el marco del período extraordinario habilitado por Decreto 158, del 4 de febrero. Se estima que el próximo martes se reunirá la Cámara de Diputados.
Opinión07/02/2020
Esta urgencia no le hace honor a la importancia de los temas que analizarán ambos cuerpos deliberativos. Uno de ellos generó polémica ante la sola mención de la propuesta. Se trata de la modificación del artículo 32 de la Ley Nº 5.642, orgánica del Poder Judicial, con el propósito de contribuir al incremento de su calidad institucional.
Si bien dispone fijar un límite mínimo y máximo para la integración de la Corte de Justicia de Salta, la fundamentación que desde el oficialismo se está dando a la iniciativa indica que se busca aplicar el extremo superior de 9 miembros, sumando dos jueces a ese tribunal. En el decreto de convocatoria se dice que el propósito es garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de justicia y sus voceros no hablan del límite inferior.
El secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, dijo al respecto que entienden la necesidad de incorporar más jueces a la Corte para darle más pluralidad y profundidad en el debate, como así también otras miradas desde las distintas ramas del Derecho. Por su parte, el vicegobernador y titular del Senado, Antonio Marocco, afirmó que será una inversión para el mejoramiento del servicio de justicia para los ciudadanos.
El proyecto que ya transita por comisiones de la Cámara de Diputados está alineando las opiniones en dos veredas opuestas. No genera neutralidad.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, puso un voto a favor, por considerar que es un primer paso importante. Es que Eduardo Romani cargó las tintas en la acumulación de causas que tiene la Justicia Provincial, que explica la morosidad en la resolución de las mismas. Sostuvo que la demanda de justicia por parte de los ciudadanos creció exponencialmente, y citó el ejemplo de los juzgados de procesos ejecutivos que tienen más de 38.000 causas cada uno. Desde el ámbito académico se espera que la ampliación de la Corte, hasta alcanzar un número de equilibrio como se considera al 9, habilite un debate sobre el funcionamiento del máximo tribunal y posteriormente se promueva el crecimiento de tribunales inferiores, para dar eficiencia al trabajo judicial.
En sentido contrario se pronunciaron otros sectores, incluso el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, que tiene en la mira a la Justicia. Desde dos extremos del arco político hubo pronunciamientos sumamente críticos sobre el proyecto que dice textualmente que “la Corte de Justicia estará compuesta por un mínimo de 7 y un máximo de 9 miembros, que podrán actuar en salas”.
Para Ahora Patria y el Partido Obrero no es un aporte positivo. Hay antecedentes, como el de 2008, cuando Juan Manuel Urtubey elevó de 5 a 7 el número de jueces de la Corte y las mejoras no se vieron. En la mirada de estos partidos, no existe la voluntad de enfrentar la corrupción y de allí que se abre el juego al amiguismo con cargos expectantes que se pagan dejando prescribir causas.
Que haya debates sobre la Justicia es importante y necesario. Pero no se corresponden con ninguna urgencia.
Salta, 07 de febrero de 2020
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
El pasado 9 de julio se venció la irresponsable delegación de facultades que el Congreso de la Nación le concedió al Poder Ejecutivo Nacional a través de la llamada ley Bases.
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