Ya está firmado entre Nación y Provincia el convenio del Plan Alimentar. Ello iba a ocurrir después del 20 pero la muerte de niños originarios agilizó el trámite y no hubo demasiado ánimo para demandar atención ciudadana sobre un acto que tiene que ver con la principal acción, en medio de una veintena, de los primeros 30 días del gobierno peronista.
Opinión13/01/2020
Es por ello que mientras en una zona de la provincia, centenares de festivos salteños y visitantes desenterraban el Carnaval, en otra se enterraban niños desnutridos. No es que desde hoy se va a recibir un plástico para reforzar la asistencia que ya presta el Estado a una parte desfavorecida de la población sino que la firma del acuerdo significa que ambos niveles de gobierno trabajarán en conjunto para hacer ya las cosas, según dijo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
Serán 65 mil tarjetas Alimentar en toda la provincia, con un monto de 4 mil pesos cada una. Se distribuirá en febrero y a partir de marzo podrá usarse a través del celular, según la información oficial. Ello advierte que será un núcleo urbano bien servido el que accederá en un comienzo, cuando los que mueren de hambre son los niños de otros grupos.
Pero hay que empezar y para eso puede haber servido la visita que Arroyo y el gobernador Sáenz realizaron a algunos parajes de Santa Victoria Este. Hay ciudadanos, aunque indocumentados, que necesitan que les aseguren que sus problemas serán tratados. Después podrán pedir que, además, se los resuelvan.
No sólo hay hambre. El ministro nacional verificó la falta de agua, la contaminación del líquido que se consume, además que existe un problema estructural. Está claro que hay problemas de agua, agua contaminada y todo esto genera problemas en los chicos.
De todas maneras, no hay certificado de defunción que diga que un niño murió de hambre. Falla multiorgánica, shock séptico con punto de partida gastrointestinal, deshidratación, fallas cardiacas, son las razones que se dan, quizás por precisión médica o para no engordar las estadísticas de la desnutrición.
El mismo gobernador que cerró su ciclo de doce años insistiendo en que redujo en casi cinco puntos la mortalidad infantil, dejándola a dos puntos de la media nacional, es el que explicó la desnutrición de los chicos en cuestiones culturales y su fallecimiento, en la resistencia a incorporar conductas de control de salud, por una enorme desconfianza en el sistema. También reconoció barreras que complican la asistencia social a las comunidades indígenas., especialmente el idioma, ya que muchos aborígenes que habitan en Salta, no hablan español. Su antecesor fue más expeditivo y eliminó cualquier referencia que emparente la muerte de un niño al hambre y a la desnutrición.
Los nuevos gobernantes no son responsables –todavía- de las condiciones paupérrimas en que viven miles de salteños, con necesidades básicas insatisfechas e inmersos en la indigencia; mucho menos deben hacerse cargo –por ahora- de muertes de niños debieran ser evitables.
Pero ya han intervenido y dieron por cierto que hay hambre en Argentina y no puede haber y decidieron que debe priorizarse a los más chicos. Un tercer compromiso es el de trabajar articuladamente para resolver los problemas estructurales.
Nada nuevo ni bueno.
Salta, 13 de enero de 2020
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.