Trabajaremos juntos por una Argentina más federal. Es lo que dijo el gobernador Gustavo Sáenz luego de una reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. En la oportunidad se había analizado la realización de obras para el desarrollo ferroviario. Ese propósito hoy toma mayor peso y no para el mediano y largo plazo.
Opinión06/01/2020
El federalismo fiscal atravesará una prueba de fuego en este tiempo, porque el gobierno central hizo concesiones para mejorar los ingresos provinciales pero les ha comenzado a poner presión para que tomen parte de la carga de cumplir compromisos asumidos en la campaña electoral. No pasa solamente por la cuestión de un país sin hambre sino especialmente de un país consumidor, como camino a que sea un país en crecimiento.
Hoy se anunció que Salta es una de las primeras provincias que se sumará al programa Alimentar, que volcará unos 300 millones de pesos en la plaza local. Suena fuerte pero no es una cifra significativa si de lo que se trata es de encender los motores de una economía alicaída, como en el resto del país, pero además periférica a una zona central desarrollada, donde se asienta el poder político y financiero.
Pero hay otras tareas que el gobierno local debe cumplir, que surgen de una ley nacional de emergencia. La norma le ha permitido al Presidente de la Nación disponer un aumento salarial que será abarcativo del sector público, aunque aún no se conoce en su monto y mecanismo. Se suma ello al congelamiento por un semestre de tarifas de servicios federales, que incluye el transporte interprovincial. La cuestión es que ha convocado a las provincias a tomar la misma decisión.
Respecto de servicios, corresponde a la Provincia la fijación de las tarifas de distribución eléctrica y de agua y saneamiento. En el primer caso, se aplicó el último ajuste trimestral de carácter estacional, que se extiende hasta este mes inclusive y queda pendiente el ajuste derivado de la última revisión tarifaria, que se iba a tratar en abril. En cuanto al servicio que presta Aguas del Norte, el anterior gobierno dejó resuelto un aumento pagadero en dos cuotas, que ha quedado suspendido según anunció la nueva conducción del Ente Regulador de Servicios Públicos. Con la exhortación del gobierno nacional, quedó como una materia de análisis porque, en principio, sin subsidios no pareciera viable un congelamiento.
Ello es más claro en el caso del transporte metropolitano. Según un informe que recientemente publicara el portal digital Salta/12, citando fuentes de SAETA, el subsidio nacional que recibe la provincia es de 28 millones de pesos, que representa un 8% sobre el costo del boleto; no es una cifra relevante si se tiene en cuenta que el subsidio para Buenos Aires llega a cubrir el 63% de ese mismo costo para que el sistema de transporte funcione. Pero además de una distribución desequilibrada, es a todas luces insuficientes, en un contexto en que por una decisión judicial está limitada la posibilidad de disponer ajustes de tarifas, a lo que se suma la decisión política en el marco de la emergencia nacional.
La reunión de diciembre entre el gobernador Sáenz y el ministro Meoni no abordó cuestiones tarifarias ni de subsidios pero será el motivo de una convocatoria inminente a todas las provincias. Al menos, habrá un relevamiento de la situación en un país desequilibrado. La discusión por recursos iría por otro carril, por aquel en el que se decidió la suspensión del Pacto Fiscal, ponderada en 60 mil millones de pesos adicionales para las Provincias.
Un inmenso agujero negro se está abriendo a los ojos del gobierno nacional.
Salta, 06 de enero de 2020
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
El pasado 9 de julio se venció la irresponsable delegación de facultades que el Congreso de la Nación le concedió al Poder Ejecutivo Nacional a través de la llamada ley Bases.
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