Por ahora, las principales preocupaciones se centran sobre el área del personal de administración. No es para menos si se tiene en cuenta que en la masa salarial se invierte más del 60% de los recursos presupuestarios. Al respecto hay conversaciones entre los grupos de trabajo que preparan la transferencia del gobierno y a pocos días que se concrete, se señaló que hay un final abierto en la aplicación de algunas medidas.
El vicegobernador electo Antonio Marocco es el que puso esa cuota de dudas sobre la continuidad del ajuste salarial automático por inflación y la titularización de un importante número de trabajadores de la educación, dispuesta por decreto, que se haría extensiva a otros importantes sectores, como la salud e, incluso, la administración centralizada. Es cierto que ubicó las negociaciones en torno de estas cuestiones en un eje que demanda una decisión política y no económica.
Lo que expresó Marocco es que se trabaja más en el crecimiento de recursos que en la reducción de gastos. La opción es razonable en tanto no se traslade el peso a sectores contribuyentes que ya vienen realizando su esfuerzo en un contexto cada vez más difícil. De allí que el circunstancial vocero puso incertidumbre en una discusión que se viene planteando entre los administradores actuales y los representantes de los que van a ingresar.
Entre estos últimos se ha ponderado que el diálogo es fluido y no hay indicios de una interrupción. Sin embargo, están inquietos porque se siguen tomando decisiones en línea a las que se vienen cuestionando.
Esta negociación, en tanto, tiene en estado de alerta a la oposición y al sector gremial. Precisamente desde la izquierda y el olmedismo ya hubo advertencias sobre los caminos a transitar. El PO no considera que sea tolerable que se tome a la llamada “cláusula gatillo “como la variable de ajuste, especialmente cuando no hay señales que se adoptaría el mismo criterio en materia de contratos de que el Estado tiene con empresas contratistas, cuyos montos se revisan según la evolución de la inflación. El discurso de la derecha va en sentido contrario y se le reclama al actual gobierno que imponga un ajuste salarial que abandone este parámetro.
El sector gremial está enervado. En principio, de ninguna manera está dispuesto siquiera a negociar los decretos que son resultado de discusiones en el marco de paritarias pese a que en su confección no se le ha dado participación a los sindicatos. SITEPSA, uno de los gremios docentes, destacó que aún quedan cuestiones de suma urgencia pero las reserva para ser tratadas por el próximo Ejecutivo provincial, como es el saneamiento de la grilla salarial, las modificaciones en el Estatuto Docente y las paritarias 2020, que debieran iniciarse al día siguiente de su asunción.
De la Provincia ordenada a una en llama, pareciera que queda un paso.
Salta, 29 de noviembre de 2019
