Victoria López Núñez
El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso a la reapertura de la causa $LIBRA y rechazó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para asumir la investigación por la presunta criptoestafa que involucró al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve imputados.
La decisión profundiza las diferencias dentro del Ministerio Público Fiscal sobre el cierre del expediente. Mientras Taiano sostiene que no existen elementos para atribuir delitos a los investigados, la fiscalía especializada en corrupción considera que la investigación terminó prematuramente y que todavía quedan pruebas por analizar.
Un fuerte cuestionamiento a la fiscalía anticorrupción
En su presentación judicial, Taiano ratificó la postura que había adoptado el 22 de octubre, cuando solicitó el sobreseimiento de todos los imputados. Al día siguiente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido y dispuso el cierre de la causa.
Sin embargo, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, cuestionó esa resolución y solicitó asumir la acción penal para continuar con las medidas de investigación.
Taiano calificó de “sorpresiva” la presentación de su colega y consideró que sus conclusiones eran desacertadas porque, según sostuvo, no había examinado la totalidad de los elementos incorporados al expediente.
Incluso cuestionó los argumentos de Rodríguez al señalar que estaban basados en “afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
Para el fiscal, las diferencias planteadas por la PIA responden a una interpretación distinta de las pruebas y no justifican prolongar una investigación en la que, según su criterio, no se acreditaron conductas delictivas atribuibles a funcionarios públicos.
Las pruebas que la PIA considera pendientes
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostiene una posición diferente. Según el organismo, todavía quedan medidas fundamentales para esclarecer las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA.
Entre los elementos señalados aparecen peritajes informáticos inconclusos, comunicaciones presuntamente eliminadas y aspectos vinculados con las relaciones entre los impulsores del proyecto y funcionarios nacionales.
También cuestionó que se haya cerrado la investigación sin completar las medidas necesarias para determinar cómo llegó al presidente la información utilizada para promocionar el activo digital.
El futuro de la causa está en manos de la Justicia
El juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver ahora si acepta el planteo de la PIA y permite reactivar la investigación o si mantiene los sobreseimientos dictados en octubre.
La postura de Taiano no es vinculante, por lo que el magistrado puede adoptar una resolución diferente.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal analiza si dos inversores que se consideran damnificados pueden volver a intervenir como querellantes. Una eventual decisión favorable les permitiría cuestionar judicialmente el cierre del expediente.
La causa se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei difundió en su cuenta de X la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor experimentó una fuerte suba seguida de un desplome que provocó pérdidas a numerosos inversores.
Aunque los imputados fueron sobreseídos en primera instancia, el debate judicial continúa abierto por los planteos que buscan revisar esa decisión.
