Victoria López Núñez
La diputada provincial María Elena Davids, de La Libertad Avanza, cuestionó la renovación de las emergencias en Salta, especialmente la hídrica, que lleva cuatro años vigente sin resolver los problemas de abastecimiento. Además, reclamó cambios en la política de seguridad y la incorporación de armas Taser para el personal policial.
En Día de Miércoles, por Aries, la legisladora sostuvo que las emergencias deben ser herramientas transitorias y criticó que se mantengan durante años sin resultados concretos.
“Cuatro años de emergencia hídrica y seguimos con muchos lugares del interior de nuestra provincia sin agua. Sigue yendo el camión aguatero en muchos de nuestros parajes”, expresó.
Davids advirtió que las declaraciones de emergencia permiten al Gobierno provincial disponer de recursos con menores exigencias de rendición de cuentas y sin presentar planes estratégicos que expliquen el destino de los fondos.
En ese sentido, cuestionó la utilización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibidos por Salta y reclamó mayor transparencia.
“¿Cómo se implementaron los ATN que nosotros recibimos? ¿A dónde fueron esas platas? No lo vamos a saber porque en todo tenemos emergencias”, afirmó.
La diputada aclaró que no rechaza las emergencias cuando existen circunstancias excepcionales, pero consideró que su renovación permanente demuestra la falta de soluciones estructurales.
Al referirse a la inseguridad, Davids cuestionó la falta de continuidad en las políticas provinciales y señaló que Salta tuvo tres ministros de Seguridad en los últimos tres años.
También advirtió sobre la incidencia del consumo de drogas y las condiciones laborales de las fuerzas policiales. Consideró que existe una deuda con los efectivos en materia de salarios, respaldo institucional y recursos.
En ese contexto, recordó que en mayo presentó un proyecto para implementar armas Taser en la Policía de Salta, aunque aseguró que la iniciativa no consiguió avanzar en las comisiones legislativas.
La propuesta contempla también la incorporación de cámaras corporales (body cams) para registrar los procedimientos y garantizar que estas armas menos letales sean utilizadas conforme a los protocolos.
Davids explicó que la utilización de estos dispositivos requiere una regulación específica que establezca las condiciones de uso y proteja tanto a los efectivos como a los ciudadanos.
La legisladora insistió en que la seguridad necesita políticas sostenidas en el tiempo, mejores condiciones para el personal policial y herramientas que permitan actuar frente a situaciones de riesgo.
