Dos hombres de 49 y 50 años, que fueron imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta, accedieron a una suspensión de juicio a prueba por un año en la causa por el cobro irregular de aranceles de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) en General Güemes. El acuerdo tuvo el visto bueno del juez Aldo Saravia.
El caso salió a la luz en octubre de 2022 cuando, a partir de una denuncia sobre una posible fiesta clandestina, efectivos policiales llegaron al domicilio de General Güemes y, al pedirle a la responsable del lugar los papeles habilitantes, la mujer entregó un recibo de SADAIC firmado por uno de los acusados, que luego se confirmó que es policía.
A partir de la investigación se supo que el comprobante no era oficial y que el acusado tenía en su casa un talonario con esos recibos, con los que realizaba los cobros. El otro imputado, que era el responsable oficial de realizar esa tarea para SADAIC, participaba de la maniobra y no rendía los cobros.
El juez Saravia admitió la reparación económica ofrecida a SADAIC, consistente en el pago de 100 mil pesos, sin perjuicio de las acciones civiles que la propia entidad pudiera iniciar contra los acusados.
Ambos acusados deberán además realizar reparaciones sociales: donar material al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes y a la Unidad Regional 7 de esa localidad.
