Ivana Chañi
El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, advirtió que la suspensión por 120 días de las restricciones impuestas por ARCA al comercio fronterizo no representa una solución definitiva. El funcionario reclamó que ese plazo se utilice para modificar la normativa y evitar que vuelva a perjudicar la actividad económica de Aguas Blancas y Salvador Mazza.
En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, Camacho cuestionó que las medidas se hayan elaborado desde Buenos Aires sin contemplar las particularidades de las localidades fronterizas. Según explicó, la intención de frenar el traslado irregular de granos terminó afectando operaciones comerciales legales, principalmente de productos como harina, aceite y grasa.
“Lo que ya estaba era perdido, no se podía pasar bolsa de más de 10 kilos, cuando la harina viene de 25 y de 50, con lo cual lo que estaban haciendo es bajando la persiana”, expresó.
Camacho explicó que la suspensión permitirá mantener temporalmente las condiciones comerciales anteriores, mientras se abre una instancia de diálogo entre ARCA, comerciantes, intendentes y legisladores de las zonas afectadas.
Sin embargo, insistió en que la postergación debe traducirse en cambios concretos. “Si no, los 120 días solo estirarían la agonía”, advirtió.
El funcionario sostuvo que los controles deben impedir el contrabando sin obstaculizar las ventas registradas que realizan los comerciantes argentinos. Remarcó que esas operaciones tributan y constituyen una fuente importante de actividad económica para las localidades del norte salteño.
También cuestionó la aplicación de criterios uniformes en distintas fronteras del país, al considerar que las características del intercambio comercial no son las mismas en Salta, Formosa o Mendoza.
La postergación quedó oficializada este jueves mediante la Resolución General 5914/2026 de ARCA, que difiere la aplicación de dos disposiciones de la normativa original. La medida no implica la suspensión de todos los controles fronterizos y mantiene vigente el límite de USD 150 diarios por persona.
Camacho aseguró que el compromiso asumido por las autoridades nacionales es revisar la regulación junto con los sectores involucrados, de manera que las restricciones cumplan su objetivo sin afectar el comercio legal de la frontera.
Para el Gobierno provincial, el desafío ahora será conseguir que las negociaciones produzcan una solución antes de que venza el plazo de 120 días.
