Fronteras

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, presentaron una acción de amparo con un pedido de medida cautelar de no innovar con efecto suspensivo contra la resolución de la polémica. Fue emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y ha comenzado a aplicarse desde el 10 de octubre, imponiendo límites a un comercio que tiene particularidades con fuerte impacto social, no solo sobre las prácticas en territorio provincial sino de las comunidades radicadas en el otro lado del límite internacional. La Justicia Federal admitió el recurso que será tramitado en el Juzgado de Primera Instancia N° 2, a cargo de Diego Anzorreguy. 

La resolución 5910 de ARCA golpea con fuerza en un comercio que está ordenado conforme a normas que datan de fines del siglo pasado, que no evitaron desviaciones que rozan el delito y sólo aseguran la sobrevivencia de pueblos que no han encontrado aún otras fuentes de generación de riqueza y de empleo formal. Esporádicamente se intenta cambiar el perfil de un intercambio que es intenso y no se limita a mercaderías; costumbres que diseñan una cultura propia de esa área son producto del vínculo cotidiano entre ciudadanos de dos países que se miran la cara diariamente.

Alterar el tope para la venta de productos argentinos por persona, prohibir el acondicionamiento de alimentos como la harina en presentaciones de 10 kilogramos o más y evitar el paso de granos, no fue visto como una medida que beneficiaría a la zona. Por el contrario y así lo expresa la presentación ante la Justicia Federal, contiene el riesgo de producir un serio daño patrimonial sobre el comercio local y la asfixia sobre los recursos y la paz social, en los municipios de Salvador Mazza y Aguas Blancas.

Similar consideración mereció la resolución de la ARCA de parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la entidad que las nuclea en el país y que tiene un manifiesto compromiso con la problemática de la economía de fronteras. La CAME alertó por posibles estallidos sociales en el norte, sin resolver el contrabando y promoviendo los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El cuestionamiento se elevó a la conducción política nacional, cuyas decisiones expresan un marcado desconocimiento de la realidad económica y social de localidades ubicadas en áreas limítrofes. Desde 2018 trabaja en una Ley de Comercio Vecinal Fronterizo, que presentó en el Congreso en 2023 pero perdió su estado parlamentario y fue retomada durante este año.

Es una problemática compleja, que necesita de la intervención de autoridades de los países involucrados, porque se trata de realidades cambiarias e impositivas diferentes pero que deben armonizarse para promover la operatividad de empresas que puedan crecer conteniendo los rasgos sociales y culturales comunitarios. Hay que avanzar en una instancia de diálogo entre Argentina y Bolivia, fue la propuesta del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, frente a lo que consideró es un grave perjuicio para todo el municipio de frontera, que es un amortiguador social .

Otro aspecto que debe subrayarse es que el reordenamiento del régimen vigente no debe abordarse desde la restricciones solamente. El abordaje debe incluir propuestas de políticas de desarrollo y empleo que permitan generar alternativas económicas para una población que actualmente depende de esa actividad.
No es un problema económico por lo que la solución no puede encararse desde un organismo recaudador. Es una cuestión que obliga a la participación de instituciones de todos los ámbitos de gobierno, sin excluir a Seguridad y Defensa Nacional. Los atajos o las consignas dogmáticas no alcanzan para resolver lo que, en definitiva, es el cuidado de las fronteras.

Salta, 20 de octubre de 2026