Iván LuisLa administración del gasto público bajo la gestión de Javier Milei consolidó una profunda asimetría presupuestaria durante los primeros nueve meses de 2026, acumulando una contracción real del 31% respecto de 2023.
De acuerdo con un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el ajuste no afectó a todas las áreas por igual: mientras se redujeron drásticamente los recursos destinados a hospitales nacionales, programas alimentarios, universidades y obras viales, los servicios de la deuda pública elevaron su participación hasta capturar el 11,2% del gasto total de la administración nacional.
El impacto más severo se observa en la red sanitaria y en las políticas sociales, donde organismos clave como la Superintendencia de Servicios de Salud sufrieron desplomes reales superiores al 70%, y recortes significativos que golpearon a nosocomios emblemáticos como el Hospital Bonaparte, el Sommer y el Posadas.
Asimismo, partidas sensibles para la prevención de enfermedades, la asistencia a comedores comunitarios y la Secretaría Nacional de Niñez registraron caídas de hasta el 75%, acompañadas por un freno casi total en la ejecución de la obra pública y un derrumbe del 99,8% en las transferencias financieras a las provincias.
En la vereda opuesta, la priorización de recursos mostró contrastes notables dentro del propio Estado, destacándose un incremento del 63,2% en el presupuesto asignado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) frente a los niveles previos a 2023.
Mientras entes de control y agencias de acceso a la información pública vieron mermados sus fondos por encima del 40%, el endeudamiento público profundizó su presión sobre las cuentas fiscales con un incremento interanual del 27,8% en términos reales.
(Con información de Página12)
