Victoria López Núñez
El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, respaldó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, pero al mismo tiempo defendió los vínculos comerciales de su país con el archipiélago y afirmó que el Reino Unido ejerce allí una situación de soberanía desde hace 200 años.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Radio Polar de Magallanes, en medio del debate por la apertura de un corredor marítimo entre Punta Arenas y las islas.
“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo, hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, sostuvo Barros.
El funcionario planteó además que cualquier solución debe alcanzarse por la vía pacífica y teniendo en cuenta a quienes habitan actualmente el archipiélago.
Según expresó, Chile respalda que Argentina y Reino Unido retomen el diálogo y eviten cualquier escenario de confrontación.
Barros defendió especialmente la posibilidad de ampliar los intercambios comerciales entre la región chilena de Magallanes y las islas.
“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes”, afirmó.
El ministro sostuvo que no observa impedimentos para que esos vínculos económicos continúen desarrollándose, aunque reconoció que la explotación petrolera constituye un punto más delicado dentro de la disputa.
Las declaraciones cobran relevancia porque Argentina mantiene acuerdos políticos regionales destinados a desalentar actividades económicas que puedan contribuir a consolidar la presencia británica en el archipiélago.
Barros relativizó además el alcance de algunos compromisos asumidos por Chile ante el Mercosur al señalar que tienen un carácter político y no necesariamente obligatorio desde el punto de vista jurídico.
Los dichos del ministro chileno llegan cuando el Gobierno argentino intenta avanzar en el Congreso con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización de la Argentina.
El debate comenzará esta semana en Diputados y contempla penas de hasta 20 años de prisión e inhabilitaciones para operar en el país.
En ese contexto, la posición expresada desde Chile introduce un nuevo elemento diplomático: Santiago mantiene formalmente el respaldo al reclamo argentino, pero reivindica al mismo tiempo su derecho a comerciar con las islas y reconoce el control británico existente.
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