Iván Luis
La respuesta colectiva, plasmada en un enfático pronunciamiento firmado por 91 jueces y juezas de la ciudad de Buenos Aires, calificó la ofensiva del Ejecutivo local como una flagrante intromisión y un acto de acoso contra la independencia del Poder Judicial.
El conflicto estalló a raíz del fallo emitido por la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas número 3, Laura De Marinis, quien al atender un planteo defensivo sobreseyó a un adolescente de 14 años y declaró la inconstitucionalidad para el caso concreto del artículo 1 de la ley que redujo la edad de punibilidad.
La decisión, que contó con el aval del Ministerio Público de la Defensa y la adhesión del Ministerio Público Tutelar, desató la inmediata reacción de la administración porteña, que impulsó un pedido de enjuiciamiento político al considerar inadmisible el criterio adoptado.
Sin embargo, los magistrados firmantes advirtieron que la respuesta gubernamental constituye un peligroso intento de condicionar la labor de los tribunales ante decisiones que no se ajustan a los intereses políticos del poder de turno, recordando que el fallo cuestionado no solo se enmarca dentro de las facultades constitucionales de control de legalidad, sino que además se encuentra sometido a las vías recursivas ordinarias previstas por el sistema legal.
En su misiva, el bloque judicial exigió a las autoridades públicas mesura, prudencia institucional y un estricto respeto por las garantías del Estado de Derecho, marcando los límites entre la discrepancia jurídica y la presión institucional sobre los magistrados.
(Con información de Página12)
