La reunión del gobernador Gustavo Sáenz con los desarrolladores inmobiliarios dejó una definición política clara: Salta quiere inversión privada que genere empleo y vivienda, con reglas claras, previsibilidad, seguridad jurídica y una articulación efectiva entre el sector público y privado.
La pregunta ahora es otra: ¿podrán los distintos actores del Estado llevar adelante esa política?
El interrogante no es menor. Esta misma semana, desde el propio Ente Regulador surgieron fuertes cuestionamientos hacia los desarrolladores inmobiliarios. Pocos días después, Gobierno, municipios, organismos públicos y desarrolladores terminaron sentados en una misma mesa buscando cómo agilizar permisos, resolver infraestructura y generar nuevas inversiones.
Tal vez esa foto muestre exactamente el desafío que viene.
Los desarrolladores están y manifiestan voluntad de invertir. El Gobernador también expresó públicamente qué quiere lograr. Ahora falta comprobar si los organismos que deben transformar esa decisión política en expedientes, permisos, factibilidades y obras actuarán en la misma dirección.
Porque promover inversiones no significa eliminar controles. El desarrollador debe cumplir cada norma y asumir las obras y responsabilidades que le corresponden. Pero quien cumple necesita encontrar del otro lado un Estado con criterios claros, plazos razonables y decisiones previsibles.
Hay mucho en juego. En junio Salta tenía 9.392 trabajadores formales en la construcción, el nivel más bajo del año. Cada proyecto que se demora no afecta solamente al desarrollador: detrás están albañiles, arquitectos, ingenieros, corralones, electricistas, transportistas y decenas de pequeñas empresas.
Sáenz ya expresó hacia dónde quiere ir.
Ahora deberá lograr que todos los actores del Estado vayan en la misma dirección. Porque una política de Gobierno no se define solamente por lo que quiere quien conduce, sino también por la capacidad de su equipo para ejecutarla.
