En el marco de una creciente conflictividad por primera vez se manifestaron los endeudados, amplios grupos sociales que enfrentan una situación que amenaza con convertirse en un verdadero drama social. En principio, fueron abandonados por un Estado cuya administración política no observa que en esa cuestión haya un tema a resolver. Son relaciones que incumben a privados. Los padecimientos se deben considerar como un precio a pagar por una crisis que se extiende en el tiempo y trasciende gestiones de gobierno.
Es así que luego de varias décadas se observó a la Confederación General del Trabajo exigiendo a un gobierno asumir obligaciones conducentes a resolver un problema social, que se va profundizando. En una presentación al Ministerio de Economía de la Nación, hizo notar que “el equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes y reactivar la producción y el consumo y poner en marcha la economía real”. A juicio de la CGT, hay una economía que está perdiendo capacidad de ahorro, de consumo y de producción, que reclama políticas públicas que atiendan esta problemática que agrava aún más la crisis socioeconómica. Como objetivo deben buscar la liberación de recursos para volver a poner en marcha el círculo virtuoso que une ingresos, consumo, producción y empleo.
Como principal representación de los trabajadores, que es el sector más golpeado por la problemática del endeudamiento, la CGT exigió que el Banco Central -sometido a un proceso de reforma- cumpla con su función reguladora de los niveles de tasa de interés aplicable no sólo a préstamos bancarios sino a todo medio susceptible de endeudamiento con personas físicas. No menos importante fue su reclamo de análisis de la situación de endeudamiento de las Pymes que compromete su capital de trabajo y amenaza la continuidad de su actividad poniendo en juego las fuentes de trabajo. A su presentación incluyó la propuesta de la puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas.
Casi simultáneamente, se desplegó una mirada diferente desde uno de los sectores más dinámicos de la economía. El comercio tiene una participación cercana al 65% del PBI y una proporción similar en términos de empleo formal y está atravesando un proceso difícil. Hay empresas que la están pasando mal, hay las que han cerrado y se han perdido puestos de trabajo. Lo reconoció públicamente Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Pero el empresario defendió el rumbo general de este proceso, planteándolo como el precio que deben pagar los argentinos para transformar el país en normal y creíble.
Según sus voceros, el Gobierno nacional busca sentar las bases de una nueva etapa económica a partir del orden macroeconómico, el cumplimiento de la ley y la previsibilidad. Y es a rajatabla porque, tal como lo repitió este jueves el jefe de Gabinete, Diego Santilli, “el equilibrio fiscal no se negocia”.
Con ese equilibrio fiscal, “no se come, no se cura, no se educa ni se hacen rutas, no se hace nada". Es lo que sostiene públicamente uno de los gobernadores que apoya críticamentea la administración libertaria, como es el salteño Gustavo Sáenz.
Son las cargas que se deben acomodar hasta que comience el proceso de renovación de gobiernos. Las posiciones extremas y antagónicas deben encontrar puntos comunes, que ayuden a tender puentes que faciliten la decisión ciudadana.
Salta, 21 de agosto de 2026
