Ivana Chañi
El Gobierno nacional rechazó los recursos presentados por extres trabajadoras de Capital Humano que habían sido pasadas a disponibilidad tras la eliminación de los Centros de Referencia.
Las medidas alcanzan a Paula Artesi Herrera, Verónica Sandra Torres y Azul Echegaray. Las tres cuestionaron la reestructuración y sostuvieron que las funciones que desempeñaban no desaparecieron, sino que fueron absorbidas por otras dependencias.
Uno de los puntos centrales del conflicto está en la antigüedad que se utilizará para calcular el período de disponibilidad y una eventual indemnización.
Las trabajadoras solicitaron que se contabilizaran también los años en los que estuvieron contratadas dentro de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, el Gobierno determinó que solo serán considerados los servicios prestados como personal de planta permanente.
La normativa establece que el personal afectado por una reestructuración puede permanecer en disponibilidad por un período determinado. Si no es reubicado, queda desvinculado y puede acceder a una indemnización de un sueldo por cada año computable de servicio.
En sus presentaciones, las agentes plantearon que las funciones de las áreas eliminadas continuaban siendo desarrolladas por otras oficinas. También denunciaron una supuesta desviación de poder y consideraron que la finalidad de la reestructuración fue reducir el tamaño del Estado.
El Ejecutivo rechazó esos argumentos y sostuvo que la organización y modificación de la estructura administrativa se encuentra dentro de las facultades del Estado.
Con la publicación de los decretos quedó agotada la vía administrativa. Las trabajadoras disponen ahora de 180 días hábiles judiciales para presentar una demanda.
