Luego de que la Justicia ordenara la restitución de las tierras a la comunidad de Las Pailas, la abogada de las familias, Verónica Huber, cuestionó el accionar de la jueza que intervino en la causa y aseguró que el desalojo se produjo como consecuencia de un grave error judicial.
"Hay cuestiones legales que son insoslayables y que la jueza claramente desconoce. Lo primero fue un error; todo lo demás muestra mala fe y un profundo desconocimiento del marco normativo y de los convenios internacionales suscriptos por la Argentina", afirmó en ‘Hablemos de política’, por Aries.
Para explicar lo ocurrido, Huber recurrió a una comparación. "Imaginate que vivís en un departamento, te inician un juicio por desalojo, sale la sentencia y, cuando el juez firma la orden, el oficial de Justicia llega y desaloja a todo el edificio. Eso fue lo que pasó en este caso", sostuvo.
Según detalló, el litigio alcanzaba únicamente un potrero de cuatro hectáreas sin construcciones y había permanecido suspendido durante 13 años. Sin embargo, aseguró que la orden de desalojo se libró únicamente con el número de matrícula del inmueble, lo que derivó en el desalojo de toda la comunidad.
"La jueza puso solo la matrícula. El juez de Paz consultó telefónicamente porque le estaban mostrando un oficio donde se hablaba de cuatro hectáreas, pero ella le respondió que debía cumplir la orden tal como estaba", relató.
Como consecuencia, 17 familias fueron desalojadas. Huber sostuvo que unas 60 personas permanecieron durante dos semanas hacinadas en un salón comunitario, mientras otros integrantes de la comunidad no pudieron acceder a sus cultivos ni a sus animales.
Además, denunció que durante el operativo se interrumpió el suministro de agua, lo que puso en riesgo la vida de los animales. "Toda la situación fue muy compleja y la jueza se negó reiteradamente a considerar los escritos que presentamos", afirmó.
La abogada señaló que, tiempo después, la magistrada resolvió restituir las tierras a la comunidad. "Supongo que, al advertir la magnitud de la situación, intentó salir elegantemente", opinó.
Finalmente, Huber remarcó que la legislación argentina y los tratados internacionales reconocen el derecho de las comunidades indígenas a su territorio como parte esencial de su identidad y su cultura.
"La posesión comunitaria puede ser objeto de discusión en cuanto al alcance de una sentencia, pero hoy los magistrados tienen la obligación de conocer estos derechos. La jueza no los reconoció y terminó privilegiando el interés de tres personas por sobre el de toda una comunidad integrada por 60", apuntó, y, concluyendo, adelantó que ya tienen redactado el escrito para iniciar un jury a la jueza.
