Alertan por barreras en el acceso a la interrupción del embarazo en Salta

Amnistía Internacional advirtió por la existencia de barreras en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la salud sexual y reproductiva en la provincia de Salta, en el marco de un monitoreo realizado por la organización en territorio.

Por Aries, la directora de litigio de Amnistía Internacional, Mariela Galeazzi, explicó que la organización realiza seguimiento del cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional y provincial mediante informes, recolección de datos y visitas a distintas jurisdicciones.

En ese contexto, indicó que el reciente relevamiento en Salta respondió a denuncias recibidas a través de un canal de contacto de la organización, donde se registraron testimonios sobre dificultades para acceder a medicación gratuita en hospitales y centros de salud.

Galeazzi señaló que una de las principales problemáticas detectadas está vinculada al retiro del Estado Nacional en la provisión de insumos. “El Estado Nacional dejó de comprar y distribuir medicación a todas las provincias”, afirmó, y agregó que esto impactó tanto en la disponibilidad de medicamentos para interrupción del embarazo como en métodos anticonceptivos.

Según explicó, esta situación generó una sobrecarga en los sistemas provinciales. En el caso de Salta, indicó que se registraron compras de misoprostol y mifepristona por parte del gobierno local, aunque consideró que no resultan suficientes frente a la demanda existente. “La cantidad de medicamento que compran no es la que se necesita”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que en algunos casos las personas deben acceder a la medicación de manera particular, con costos que, según precisó, pueden rondar los 300 mil pesos por tratamiento combinado.

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La referente de Amnistía Internacional también señaló la persistencia de problemas estructurales en el sistema de atención, entre ellos la concentración del acceso a la práctica en hospitales de segundo nivel, como el Hospital de Maternidad e Infancia de la capital provincial, en lugar de su resolución en el primer nivel de atención.

De acuerdo con el relevamiento, esta situación puede generar demoras en la atención. “Personas que llegan en la semana 9 terminan accediendo de manera quirúrgica en la semana 16”, explicó, y remarcó que la ley establece el acceso en plazos más breves y con provisión gratuita de medicación.

Otro de los puntos señalados fue la existencia de circuitos de atención que no siempre garantizan los tiempos previstos. Según la entrevistada, en algunos casos se solicitan estudios adicionales o ecografías que pueden estar desactualizadas, lo que provoca retrasos que derivan en cambios en el tipo de intervención.

Galeazzi aclaró que el análisis realizado no desconoce acciones del Estado provincial, aunque consideró que resultan insuficientes. “Hay una decisión política de cumplir, pero esa decisión es insuficiente”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que si bien existen profesionales capacitados y compromiso en el sistema de salud, persisten dificultades vinculadas a infraestructura, organización de la atención y provisión de insumos.

Finalmente, remarcó la necesidad de fortalecer la difusión de las herramientas disponibles, como la línea de atención en salud sexual, y mejorar el acceso en el primer nivel de atención. También señaló que la falta de articulación entre Nación y provincias impacta en la igualdad de acceso. “No puede ser que dependa de dónde nacés o vivís el acceso a la salud”, concluyó.