Caso Valentina e Isabelle: interviene una fiscalía especializada de Salta

El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, dispuso la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 en la causa por la muerte de Valentina Cabana e Isabelle Evangeline Cabana.
 
Judiciales21/06/2026

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El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió el pasado viernes 19 de junio a la señora Gabriela Mariana Aranda, madre de Valentina Cabana y abuela de Isabelle Evangeline Cabana, denunciante en la investigación que se sigue por el fallecimiento de ambas.

Corresponde también señalar que, con anterioridad, el pasado martes 16 de junio y ante su arribo a esta ciudad, la misma había sido también recibida por el  coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, en un encuentro del que también participaron sus asesores letrados.

Durante el encuentro con el Procurador, Aranda fue recibida junto a sus abogados, en sede de la Procuración General, oportunidad en la que expuso diversas inquietudes vinculadas al avance de la investigación y solicitó la adopción de medidas tendientes a propiciar el esclarecimiento de los hechos denunciados.

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Tras el análisis de las actuaciones que habían sido ya anteriormente requeridas y remitidas, y considerando las circunstancias particulares que rodean el caso, el Procurador dictó la Resolución N° 1739/26, mediante la cual dispuso la asignación de la causa a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro, a cargo del fiscal penal Santiago López Soto.

Dicha fiscalía tendrá a su cargo las peticiones que se efectúen a los fines de la mencionada intervención, sin perjuicio de que las cuestiones procesales que se susciten en adelante y que puedan ser instadas por el fiscal de la causa, deberán ser resueltas por el juez de Garantías interviniente, conforme a las disposiciones vigentes del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de la Justicia Penal y la Constitución de la Provincia de Salta.

La resolución señala que la medida responde a la necesidad de garantizar la máxima eficiencia en la representación del Ministerio Público Fiscal, conforme a los parámetros de especialización previstos por la Resolución PG N° 1676

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