Agustina Tolaba
En N&N, la jueza del Juzgado de Concursos y Quiebras de Segunda Nominación, María Victoria Ambrosini, advirtió que la Ley de Quiebras se está convirtiendo en una herramienta cada vez más utilizada por trabajadores sobreendeudados que buscan recuperar parte de sus ingresos luego de comprometer prácticamente la totalidad de sus salarios con préstamos, tarjetas de crédito y descuentos financieros.
Según explicó la magistrada, la normativa vigente no fue diseñada para este tipo de situaciones. La Ley 24.522 fue promulgada en 1995 y pensada principalmente para atender la cesación de pagos de empresas y comerciantes.
"Nunca el legislador imaginó que esta herramienta pudiera ser utilizada por una persona humana en estado de cesación de pagos", señaló.
Sin embargo, ante la ausencia de mecanismos específicos para consumidores sobreendeudados, muchos trabajadores encontraron en la quiebra voluntaria la única alternativa para volver a empezar.
Ambrosini explicó que una vez declarada la quiebra, el juez ordena el cese inmediato de todas las retenciones que bancos, mutuales y entidades financieras realizan sobre el salario del deudor. "Los acreedores ya no pueden seguir cobrando directamente porque deben presentarse a verificar sus créditos dentro del proceso judicial", indicó.
Como consecuencia, quien llega a la Justicia sin percibir prácticamente nada de su sueldo recupera automáticamente alrededor del 80% de sus ingresos.
La jueza describió la situación como un verdadero alivio para personas que llegan al sistema judicial en estado de desesperación. "Encuentran en la sentencia de quiebra un tubo de oxígeno. A partir del mes siguiente vuelven a disponer de la mayor parte de su salario", afirmó.
No obstante, la magistrada aclaró que la declaración de quiebra también implica consecuencias importantes. Desde el momento de la sentencia, el deudor queda desapoderado de todos sus bienes actuales y de aquellos que adquiera hasta obtener la rehabilitación judicial.
Ese período se extiende por un año y durante ese tiempo el único recurso que generalmente queda para afrontar las deudas es el embargo del 20% del salario que ordena el juzgado.
En la práctica, explicó Ambrosini, la mayoría de estos trabajadores no posee inmuebles ni bienes de valor para liquidar, por lo que el proceso se sostiene principalmente con esa porción de los ingresos.
La jueza sostuvo que el fenómeno refleja una problemática creciente vinculada al sobreendeudamiento de asalariados que recurren a créditos para cancelar otras obligaciones hasta quedar sin capacidad económica para afrontar sus gastos básicos.
"Lo que han encontrado estos consumidores es una herramienta que les permite salir de una situación desesperante, recuperar el 80% de su sueldo y, después de un año, quedar liberados de esa carga financiera", concluyó.
