A punto de cumplir 21 años de funcionamiento, SAETA -Sociedad Anónima del Estado del Transporte Automotor- no puede dar respuesta a los reclamos que fueron formulados por las empresas subconcesionarias y por el sector gremial. El panorama presente y el de mediano plazo, no son halagüeños y exigirán una reingeniería de la operatividad del sistema.
En las dos décadas que SAETA administra un servicio esencial en la Capital, hubo una mejora sustancial en calidad y, en general, operó sin mayores inconvenientes para sus usuarios. En ese lapso fue creciendo en corredores, unidades y, especialmente, en área de cobertura. La experiencia acumulada en la principal ciudad de la Provincia, le permitió expandirse con solvencia al Área Metropolitana. Según los datos oficiales, SAETA sirve a diez municipios del Valle de Lerma, a través de 27 corredores por donde transitan 650 unidades, que tienen una antigüedad inferior al año y medio y una capacidad de transporte de 120 personas por unidad.
Esa es la estructura que atraviesa por estas horas una crisis cuya proyección es preocupante. La situación fue expuesta en detalle por las autoridades de la Sociedad del Estado, luego que las empresas operadoras comunicaran que se aplicarán restricciones en la modalidad actual de prestación, hasta tanto la Provincia pueda cumplir plenamente los compromisos con el sector. Dada la naturaleza del servicio, debe reconocerse que concurren a su configuración muchos factores.
El eje central del problema es de carácter financiero. Según los datos dados a conocer por SAETA, la operatoria del sistema demanda mensualmente una inversión de 20 mil millones de pesos, que se cubren con los ingresos por pasajes y con un subsidio del gobierno salteño. Ambos rubros registran caídas significativas, que son consecuencia de la crisis general que se manifiesta en la economía provincial y nacional. El informe actualizado ofrecido por el gerente de la sociedad prestadora, Claudio Juri, da cuenta de una recaudación por pasajes de unos 6 mil millones de pesos, mientras que el subsidio asciende a 10.500 millones; el déficit mensual es de 3.500 millones de pesos y no se visualizan nuevas fuentes de ingresos.
Ese desfase ha llevado a que se consolide una deuda de 7 mil millones de pesos con las empresas de transporte, cuya cancelación no es posible ante la falta de disponibilidad de recursos. Dado que se trata de una situación de arrastre, se han ensayado algunas medidas para bajar el costo de la prestación, reduciendo el kilometraje con el que se abona a las subconcesionarias; también se han retirado unidades en distintos corredores en horarios de menor demanda pero, a todas luces, fueron restricciones insuficientes y han generado la insatisfacción de los usuarios.
A propósito de ese sector, el ajuste que padece la sociedad también impactó en el servicio de transporte y cayó la venta de pasajes en una cifra significativa. Oficialmente SAETA confirmó que se venden un millón y medio de pasajes menos y, consecuentemente, no se alcanzan los ingresos proyectados.
Si se suma la deuda de 500 millones de pesos con los choferes, se puede tener una idea acabada de un problema que va a derramar incluso sobre quienes no tienen una vinculación directa con la prestación. Los empresarios advirtieron que no pueden cumplir con sus proveedores y los trabajadores también van acumulando deudas.
Este panorama es lo que el gobernador Gustavo Sáenz señaló como una microeconomía a la que aún no le llegaron los beneficios de los logros que el gobierno nacional dice ya se alcanzaron en la macroeconomía.
Resta ponderar en qué punto se tocará el límite de la tolerancia social.
Salta, 29 de mayo de 2026
