Advierten por un “sistema penal selectivo” que golpea a los sectores vulnerables

En Día de Miércoles, el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta, Andrés Giordamachi, cuestionó el funcionamiento del sistema penal y aseguró que existe un “derecho penal selectivo” que termina impactando principalmente en personas de extrema vulnerabilidad social.

Así, el referente planteó la necesidad de avanzar en políticas públicas orientadas a la reinserción social de las personas privadas de libertad y no únicamente en el endurecimiento del sistema punitivo. “Tenemos que avanzar hacia una política que ponga el foco realmente en la reinserción de la persona privada de libertad y no en otras cuestiones que son ilegales”, afirmó.

Giordamachi explicó que actualmente una parte muy reducida de la población penitenciaria logra completar la progresividad de la pena, un sistema que contempla distintas etapas para acercar gradualmente a la persona a la libertad definitiva mediante incentivos y evaluaciones.

Según indicó, en los casos donde esa progresividad se cumple correctamente, los niveles de reincidencia son muy bajos. “Las personas que logran transitar esta progresividad tienen una reincidencia escasa, bajísima, de quizás un 2 o 3%”, señaló.

El titular del Comité también hizo foco en las dificultades que enfrentan quienes recuperan la libertad para volver a insertarse laboral y socialmente. Explicó que los antecedentes penales continúan figurando durante años y eso complica el acceso al empleo formal.

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“Una persona que cumplió una condena sigue teniendo antecedentes por diez años y eso hace muy difícil su reinserción al sistema”, manifestó.

Para Giordamachi, esta situación genera un “círculo vicioso” en el que muchas personas terminan regresando al sistema penitenciario debido a la falta de oportunidades una vez cumplida la pena.

Además, aseguró que la composición de la población carcelaria evidencia desigualdades estructurales. “Del universo de la población penitenciaria, el 90% responde a barrios populares y personas de extrema vulnerabilidad”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el sistema penal persigue con mayor facilidad determinados delitos vinculados a sectores vulnerables, lo que, según consideró, refleja el carácter “selectivo” del modelo actual. “No nos llama la atención porque convivimos con un derecho penal selectivo que persigue delitos mucho más fáciles de perseguir”, concluyó.

“El comité no es un organismo transitorio”

Por otro lado, Giordamachi, se refirió a las modificaciones vinculadas al funcionamiento del organismo y cuestionó la posibilidad de que algunos cargos de comisionados sean ad honorem, al considerar que eso podría afectar tanto la igualdad entre integrantes como el trabajo de control que realiza la institución.

“Creíamos que era un error dejar cargos de comisionado ad honorem”, afirmó Giordamachi, quien recordó que el organismo ya había expresado públicamente su postura a través de un comunicado oficial.

Según explicó el titular del Comité, el proyecto original contemplaba que algunos comisionados percibieran remuneración y otros no, algo que consideró problemático. “Tener comisionados que cobren y comisionados que no iba a generar una discriminación y violaba el principio de igualdad”, sostuvo.