La convención anual de empresas estadounidenses que operan en la Argentina fue el marco que tuvo el planteo de tres gobernadores presionando por un nuevo acuerdo hasta que se logre una nueva ley de coparticipación. Los mandatarios de Entre Ríos, Río Negro y Mendoza aprovecharon ese escenario, por el que también transitaron el ministro de Economía, Luis Caputo y el propio presidente Javier Milei, para hacer notar la necesidad de una reforma tributaria y de una nueva forma de repartir la recaudación.
No es una mirada unívoca pero sus demandas concurren a lograr un consenso entre el gobierno central y las provincias que permita reducir la presión tributaria y eliminar los llamados “impuestos distorsivos” en la Argentina. Si hay diferencias respecto de cómo alcanzarlo, dando cuenta de la necesidad de avanzar en negociaciones entre las 24 jurisdicciones. Las propuestas expuestas este martes en el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina fueron desde retomar un acuerdo fiscal federal similar al alcanzado en 2017, a avanzar en acuerdos regionales o en estrategias fiscales propias de cada provincia, adaptadas a sus realidades productivas.
Un dato relevante es que entre 1992 y 2021, en Argentina se firmaron 11 pactos fiscales, bajo diferentes denominaciones. En la mayoría de ellos se destaca el compromiso -y la necesidad- de aprobar una nueva Ley de Coparticipación Federal, un objetivo que es una deuda con el federalismo y también es un flagrante incumplimiento.
Alcanzar ese acuerdo exigirá gestos de grandeza porque, bajo un principio de solidaridad, se han generado situaciones de inequidad deben reconocerse respecto de provincias que aportan más de lo que reciben, además de encontrar caminos de compensaciones que no afecten el equilibrio dentro de un país que contiene demasiadas asimetrías. Precisamente fueron situaciones de gran litigiosidad las que llevaron al atajo de los pactos fiscales que siguieron la evolución en el manejo del poder, por lo que la transitoriedad fue un dato de su naturaleza. Palmaria muestra de esta característica es el Consenso fiscal 2017, firmado durante la gestión de Mauricio Macri, que impuso una disminución generalizada de alícuotas en un período de varios años y ese objetivo fue postergado en acuerdos posteriores. El pacto que está vigente data de 2021 pero no contempla una disminución de alícuotas, sino que establece tasas máximas por actividad.
Otro dato que debe tenerse en cuenta es que la base del sistema federal está en que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno nacional. Y ese es el margen que usan para aplicar sus propios impuestos que son cuestionados, como el de ingresos brutos, que es la fuente más importante de ingresos propios.
Los pactos, como el que se está pidiendo en este tiempo de severas dificultades para las administraciones provinciales, demandan que las partes cumplan. Durante los dos años de gestión libertaria hubo acuerdos bilaterales, como el que Salta firmó con Nación en junio de 2024 pero su aplicación se debe gestionar permanentemente.
Son decisiones cuya fuerza está en el respeto a la institucionalidad. Es lo que reclamó el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al señalar que las sentencias del máximo tribunal “deben ser de obligatorio acatamiento”.
No es un principio al que se allane el gobierno de La Libertad Avanza. Pone un manto de dudas sobre la validez de un pacto que lo tenga como parte.
Salta, 15 de abril de 2026
