El incumplimiento de la cláusula constitucional de 1994, que disponía que hasta 1996 debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal, ha llevado a que la relación fiscal entre Nación y Provincias se ordene mediante pactos. Las permanentes crisis económicas y el recurrente reclamo por el reparto de recursos ha llevado a transitar ese camino. Los gobernadores no lo pueden abandonar y han pedido un nuevo consenso.
