Crisis universitaria: los salarios docentes caen a su nivel más bajo en 23 años

La crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino sumó una nueva señal de alarma. Rectores de distintas casas de estudio del país advirtieron que los salarios del sector docente y no docente alcanzaron su nivel más bajo en los últimos 23 años, en el marco de un fuerte ajuste presupuestario que impacta de manera directa en el funcionamiento de las universidades nacionales.

El diagnóstico surge de un informe elaborado por el Centro Universitario Nacional, que fue dado a conocer en el marco de su 95° Plenario de Rectoras y Rectores que se desarrolló en la Universidad Nacional de La Pampa. Allí, también detallan un deterioro sostenido en las partidas destinadas al sostenimiento de las instituciones.

Según el documento, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios universitarios aumentaron un 158%, muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que alcanzó el 280%. Esta brecha provocó una pérdida del poder adquisitivo del orden del 32%.

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La magnitud del deterioro no solo se expresa en porcentajes. En términos concretos, el informe señala que la caída equivale a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años, tomando como referencia los ingresos de fines de 2023. Este desplome ubica a los ingresos del sector en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.

Para revertir esta situación, los rectores estiman que sería necesaria una recomposición salarial del 47,3% respecto de los valores vigentes a febrero de 2026, con el objetivo de recuperar el poder de compra previo al cambio de gestión nacional.

Pero el problema salarial no se presenta de manera aislada. Forma parte de un ajuste más amplio que afecta a todo el sistema universitario. De acuerdo al mismo informe, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

En esa línea, el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento tampoco logró recuperarse en ningún momento del actual período de gobierno. Según los datos relevados, estas partidas no superaron el 64% de su valor real respecto de enero de 2023 y actualmente se ubican en torno al 40%. En términos acumulados, esto equivale a la pérdida de casi nueve meses completos de financiamiento.

El ajuste también impacta en áreas clave que sostienen la vida universitaria. Las partidas destinadas al fortalecimiento de la ciencia y la técnica registraron en 2025 un poder adquisitivo equivalente al 38,05% del nivel de 2023. En el caso de la extensión universitaria, el recorte es aún más drástico: apenas alcanzó el 1,02% del nivel previo.

A su vez, los programas de apoyo estudiantil muestran un retroceso significativo. Las Becas Progresar, una herramienta central para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior, presentan un deterioro crítico.

El presupuesto destinado a su financiamiento se redujo un 82% en términos nominales entre 2025 y 2026, lo que implica una caída superior al 95% en términos reales en comparación con 2023. En algunos rubros vinculados al acompañamiento de trayectorias educativas, directamente no se registró ejecución presupuestaria.

Este escenario coincide con datos difundidos en un informe del CEPA, que reflejan el impacto concreto del ajuste en los ingresos de los trabajadores universitarios. Actualmente, la mayoría de los trabajadores del sistema percibe salarios por debajo de 1.300.000 pesos.

En el caso de los docentes con dedicación exclusiva, un profesor titular alcanza un básico bruto de poco más de 1,45 millones de pesos, mientras que un adjunto ronda los 1,13 millones y un jefe de trabajos prácticos no supera los 975 mil pesos. En las categorías más bajas, los ingresos descienden de manera considerable.

La situación resulta aún más crítica al comparar estos valores con el costo de vida. En enero de 2026, la Canasta Básica Total —que define la línea de pobreza para un hogar tipo— se ubicó en 1.360.299 pesos, lo que evidencia que una parte significativa del personal universitario se encuentra en el límite o por debajo de ese umbral.

En este contexto, el ajuste sobre los salarios adquiere un peso determinante dentro del recorte general. De acuerdo con el CEPA, los ingresos del personal representan en promedio el 86,9% del gasto universitario, por lo que cualquier reducción en este rubro tiene un impacto directo en la estructura del sistema. Entre 2023 y 2026, el recorte sobre salarios alcanzó el 43,2% en términos reales.

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El conflicto se profundiza además por la falta de implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), que establece la recomposición de salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. De haberse aplicado esta normativa, los salarios habrían recuperado gran parte de la pérdida, ubicándose apenas un 1,3% por debajo de los niveles de fines de 2023.

Sin embargo, el esquema de recomposición propuesto por el Gobierno contempla aumentos escalonados que totalizan apenas un 12,3%, muy por debajo de lo necesario para revertir la caída del poder adquisitivo.

Frente a este panorama, las universidades comenzaron a manifestar su preocupación de manera pública. La Universidad de Buenos Aires, una de las principales instituciones del país, declaró la emergencia salarial y presupuestaria y exigió la aplicación de la ley vigente. En un comunicado, remarcó que el cumplimiento de la normativa es fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema y la continuidad de actividades esenciales como la enseñanza, la investigación y la extensión.

Las tensiones ya comenzaron a trasladarse al calendario académico. Gremios docentes y no docentes nucleados en el Frente Sindical Universitario realizaron a una semana de protestas que afectó el inicio del ciclo lectivo en varias instituciones, en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento.

El escenario que describen rectores, especialistas y trabajadores configura una crisis estructural que no solo compromete el presente del sistema universitario, sino también su proyección a futuro. La pérdida de poder adquisitivo, la reducción de becas, el freno a la inversión en infraestructura y el debilitamiento de la investigación científica plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo que históricamente fue uno de los pilares del desarrollo educativo y científico del país.

En este marco, los rectores coinciden en que la recomposición presupuestaria y salarial no es solo una demanda sectorial, sino una condición necesaria para preservar el funcionamiento de las universidades públicas y su rol estratégico en la sociedad.

Con información de Infobae