Agustina TolabaLa Corte de Justicia de Salta aprobó el “Protocolo de Protección de la Identidad y Prohibición de Registro del Jurado Popular en las Audiencias de Selección y Juicio por Jurado”, con el objetivo de resguardar la seguridad y la independencia de los ciudadanos que integran los jurados populares. La acordada 14606, publicada en el Boletín Oficial este viernes, establece pautas obligatorias para todos los magistrados, funcionarios, personal judicial, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y público que intervengan o asistan a estos juicios.
Según la Corte, la exposición pública de la identidad de los jurados, así como la difusión de sus imágenes o voces, puede condicionar la libre convicción de los ciudadanos y afectar la imparcialidad del veredicto. Por ello, el protocolo reglamenta los límites al registro audiovisual y establece pautas de comportamiento durante las audiencias de selección y debate.
La medida se fundamenta en la importancia del juicio por jurados como mecanismo de participación ciudadana en la administración de justicia, previsto por la Ley 8478, y busca armonizar el principio de publicidad de los actos judiciales con el derecho a la privacidad de quienes cumplen esta función.
La Oficina Judicial Penal y la Dirección de Prensa y Comunicación del Poder Judicial serán responsables de difundir el protocolo, que ya se encuentra disponible en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de Salta.
Cabe recordar que ya se llevó a cabo el primer juicio por jurado, donde la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y el fiscal penal Daniel Espilocín, representaron al Ministerio Público Fiscal, contra Víctor Márquez por el homicidio triplemente calificado de Dalma Salomé Bataches.
Durante la tarde del miércoles 4 de marzo, luego de deliberar por más de dos horas, el Jurado Popular, dio a conocer el veredicto donde declaró a Márquez, culpable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio), y por ser cometido con ensañamiento y alevosía, según lo había solicitado la Fiscalía en los alegatos finales.
