Dudas

En Nueva York, la provincia -al igual que otras 10- presentó las posibilidades y las condiciones que ofrece para recibir inversiones. Hay coincidencias en apreciar que, de inmediato, no hubo mayores resultados.
Fue el propio presidente Javier Milei quien difundió los anuncios realizados tras una semana de reuniones con empresarios y funcionarios en el marco de la Argentina Week. El total recogido es de 16.150 millones de dólares que se distribuyen en cuatro proyectos, tres de los cuales corresponden a empresas de origen argentino.

El cuarto tiene su particularidad. En realidad se trata de un proyecto que ya viene desarrollándose y tuvo una actualización técnica cuyos detalles se conocieron en febrero pasado en la Argentina. Es el de Taca Taca, el proyecto de cobre de la canadiense First Quantum Minerals, que invertirá u$s 5.250 millones en Salta, en uno de los activos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo, que suma la posibilidad de una importante producción de oro. En Nueva York solo se repitió lo que se sabía.

Es un proyecto en ampliación que tiene como principal estímulo el RIGI. El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, cuyo plazo de vigencia ha sido ampliado, es lo que se ha considerado para la toma de esta decisión, considerándolo como el cambio más significativo en Argentina para atraer las inversiones. También bajo el paraguas del Rigi se anunciaron proyectos -para el área de Vaca Muerta- de Pampa Energía, por 4.500 millones de dólares y Transportadora de Gas del Sur, que aportará 3 mil millones. Otro anuncio se dio en el sector tecnológico, a través de Mercado Libre, que confirmó una expansión por 3.400 millones de dólares en 2026.

Pero el esfuerzo significó para Salta una nueva oportunidad de mostrar, como lo señaló el gobernador Gustavo Sáenz en el último panel en el que intervino, no sólo lo que tiene bajo el suelo, sino lo que construyó sobre él: instituciones y previsibilidad, con la seguridad jurídica y el modelo de minería sustentable, con licencia social. Pero especial atención dio al desarrollo de infraestructura estratégica, que se manifiesta en el Corredor Bioceánico y la necesidad de restablecer las redes de ferrocarril, como el C14.

Son emprendimientos que solo tienen financiamiento provincial, que los gestiona a través de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Fonplata y el BID. En octubre pasado, la Legislatura autorizó un endeudamiento por 100 millones de pesos, en el que la Nación actúa como garante frente al organismo multilateral, pero se blinda internamente con un mecanismo de recupero sobre recursos provinciales, sin hacer mención a que esos fondos se invertirán en obras que son de competencia nacional y no serán compensados.

La deuda pública, desde 2019, es un pozo donde se arrojan ingentes volúmenes de dinero que sirven para cumplir con compromisos adquiridos con capital internacional. Hacia adentro no se puso el mismo esfuerzo para determinar si los miles de millones de pesos que supuestamente debían reparar la deuda histórica con el área hidrocarburífera, cuenca agotada y abandonada de la peor manera.

Allí hay otra deuda que es institucional. El sistema de control público, diseñado en la reforma constitucional de 1998, no mostró eficiencia durante más de una década para asegurar que el esfuerzo de todo el pueblo salteño no iba a tener un destino incierto y sólo iba a beneficiar a unos pocos innombrados hasta ahora.
Por ahora se reconoce un entramado administrativo irregular. Solo confirma sospechas que marcan la necesidad de una Justicia diligente, que no debe esperar que la llamen ni mirar hacia otro lado.

Salta, 13 de marzo de 2026