El gobernador Gustavo Sáenz ha planteado una cuestión que trasciende cualquier pertenencia partidaria: el Norte argentino no puede seguir esperando otros cincuenta años para integrarse competitivamente al mundo. Y tiene razón en reclamar una discusión de fondo.
Cuando Hipólito Yrigoyen impulsó el ferrocarril hacia Chile, comprendía que atravesar los Andes significaba mucho más que tender rieles. Era abrir una puerta al Pacífico, recuperar la histórica vinculación económica del Norte con los mercados transandinos.
Hoy, un siglo después, aquella visión adquiere una dimensión geopolítica extraordinaria. El comercio internacional desplaza parte de su dinamismo hacia el Indo-Pacífico. El Corredor Bioceánico aparece como una oportunidad para integrar producción, minería, agroindustria y mercados internacionales.
Pero ningún corredor será verdaderamente competitivo si depende exclusivamente del transporte carretero.
El Gobierno nacional sostiene que la participación privada permitirá mejorar la eficiencia ferroviaria. Es un objetivo atendible. Sin embargo, la rentabilidad inmediata de una concesión no necesariamente coincide con las necesidades estratégicas de una región.
Y aquí aparece el verdadero problema del federalismo argentino: mientras las decisiones se toman desde Buenos Aires, las consecuencias se padecen a miles de kilómetros.
El reclamo de Sáenz merece convertirse en una causa compartida por gobernadores, legisladores, empresarios y trabajadores del Norte Grande. Por eso he hablado de la necesidad de un Pacto Político y Social de cara al futuro inmediato. Porque no estamos reclamando privilegios. Estamos reclamando infraestructura para competir en igualdad de condiciones.
La Argentina necesita comprender que integrar el territorio también significa distribuir oportunidades.
Porque un ferrocarril puede concesionarse por cincuenta años pero El futuro de una región no debería quedar librado a una cláusula optativa.
