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El abogado y dirigente político Guillermo Martinelli abordo en Aries la Ley de Ministerios, de iniciativa exclusiva del gobernador. Por otra parte, afirmó que la reforma constitucional impide una nueva reelección de Gustavo Sáenz.
Política18/11/2025
Ivana Chañi
El abogado y dirigente político Guillermo Martinelli analizó en Aries el proyecto de nueva Ley de Ministerios enviado por el Ejecutivo provincial y recordó que se trata de una norma de iniciativa exclusiva del Gobernador, por lo que ni Diputados ni Senadores pueden impulsarla por cuenta propia. “Es una facultad legislativa que solo le pertenece al Gobernador”, afirmó.
En ese marco, sostuvo que los cambios en la estructura del gabinete “están pensados para el próximo período” y deslizó que la reorganización “de alguna manera le allana el camino al presidente Javier Milei para competir en 2027”, al otorgarle a Sáenz un esquema de gestión más delegada y política.
Consultado sobre la posibilidad de que Gustavo Sáenz busque un nuevo mandato, Martinelli fue categórico:
“Constitucionalmente no puede. Y además él dio su palabra de que no iba a hacerlo, y dijo que su palabra era tan importante como la Constitución”.
El abogado recordó que la reforma constitucional de 2021 fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para la Gobernación, sin excepciones. Explicó que, aunque algunos plantean que no existe una cláusula transitoria que determine desde cuándo se computan los períodos, “el oficialismo no quiso incluirla en la Convención Constituyente y era mayoría”.
Sin embargo, remarcó que el punto decisivo es la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto el precedente “Fayt” y estableció que las reformas constitucionales no reconocen derechos adquiridos. “No hay derechos preexistentes frente a una reforma. Ese es el principio central”, sostuvo.
Para Martinelli, este criterio —aplicado recientemente al caso del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora— se replica sin margen de dudas en Salta:
“La reforma se aplica de manera inmediata. No se puede forzar otra interpretación”.

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Tras tres meses de secreto de sumario, la Justicia citó a 15 exfuncionarios, empresarios y prestadoras médicas, mientras ordena arresto domiciliario a un involucrado clave.

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