
Tailhade acusó a la Justicia salteña de perseguir a Estrada
Ivana Chañi
Durante la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador del bloque Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, defendió al diputado salteño Emiliano Estrada en el marco del debate por el pedido de desafuero presentado por la jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Alejandra Giménez en la causa que se lo investiga por los delitos de peculado y abuso de autoridad.
Tailhade explicó que, con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, ya no existen las declaraciones indagatorias para las causas recientes. “En Salta no existe más la declaración indagatoria. Lo que hubo fue una citación a una audiencia imputativa, que es la presentación de cargos”, aclaró.
Según el legislador, Estrada no faltó sin motivo a la audiencia judicial, sino que planteó la incompetencia de la jueza salteña que pidió su desafuero. “Esa citación no está firme. Fue recurrida, llegó a Casación y tampoco está firme la competencia del tribunal que interviene”, sostuvo.
Tailhade detalló que el planteo judicial busca definir si la investigación debe continuar en Salta, bajo la jueza Jiménez, o en Capital Federal, ante el juez Sebastián Casanello. “No podemos avanzar en un desafuero cuando ni siquiera se resolvió quién es el juez competente”, subrayó.
El diputado oficialista fue más allá y denunció que Estrada es víctima de una persecución política. “Nuestro compañero está siendo perseguido por un Estado provincial que tiene complicidad con el narcotráfico. Por eso le abren causas en la justicia provincial y federal en Salta”, afirmó.
También cuestionó duramente a la magistrada que impulsó el pedido: “Está concursando para la Cámara Federal de Salta y está haciendo todos los deberes para que el gobierno la nombre”, acusó.
Por último, Tailhade defendió la demora en la Comisión de Asuntos Constitucionales: “El presidente de la comisión es abogado y especialista en derecho constitucional; sabe perfectamente que no puede avanzar mientras no esté firme la competencia judicial”.


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