Salud mental en crisis: un sistema atrapado en la urgencia y la inacción legislativa

La crisis de la salud mental en Salta se ha convertido en un síntoma de la falta de articulación entre el diagnóstico político y la gestión sanitaria. Mientras el Senado provincial mantiene desde hace casi un año pendiente el tratamiento de la emergencia sociosanitaria impulsada por la senadora Betina Navarro, el sistema continúa mostrando grietas profundas que afectan a miles de personas.

El psicoanalista lacaniano Toti Ceballos, en un reciente análisis crítico, advirtió que la provincia enfrenta una “fractura doctrinal y operativa” entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Según el especialista, ambos sectores sostienen un modelo de atención centrado en el “urgencismo clínico”, que se limita a gestionar los síntomas sin transformar las condiciones estructurales que producen sufrimiento psíquico.

El Senado propuso declarar la emergencia durante dos años, con autorización para partidas presupuestarias específicas, convenios interjurisdiccionales y construcción de centros de atención. Sin embargo, su enfoque fue criticado por ser reactivo, centrado en infraestructura y sin integración con políticas preventivas o comunitarias.

Por su parte, el Ejecutivo provincial desplegó una estrategia fragmentada, basada en teleconsultorios, líneas de atención y dispositivos hospitalarios. Si bien se incorporaron profesionales y se habilitaron centros en algunas cabeceras departamentales, el esquema carece de continuidad territorial, indicadores de impacto y articulación con la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que exige un abordaje integral y respetuoso de los derechos humanos.

El resultado, según Ceballos, es un sistema que deshumaniza el sufrimiento, medicaliza el consumo problemático y excluye a comunidades rurales e indígenas. En lugar de políticas de restitución e inclusión, se multiplican dispositivos aislados que reproducen la lógica hospitalocéntrica y burocrática.

En este escenario, la demora del Senado en resolver la emergencia y la ausencia de un Plan Provincial de Salud Mental revelan una política pública sin rumbo, atrapada entre la urgencia y la simulación de acción. La pregunta que queda abierta es si la provincia logrará superar la inercia institucional para diseñar un modelo que priorice la prevención, la inclusión y los derechos de quienes hoy quedan a la deriva del sistema.